Unas 300 personas participaron este domingo a mediodía en una marcha reivindicativa para exigir la «apertura inmediata» del camino de Passatemps que conecta la finca de Raixa con la localidad de Palmanyola, en el municipio de Bunyola. Entidades como el grupo ecologista Gadma, la plataforma Pro Camins Públics i Oberts, Lobby Bou y la asociación de vecinos de Palmanyola fueron las convocantes de la segunda edición de la Marxa del Camí de Passatemps, cuyo objetivo es el de lograr un «acceso operativo y sostenible como puerta de entrada a la Serra de Tramuntana» desde Palma, Son Sardina y Palmanyola, pasando por la finca pública de Raixa.

Durante el acto reivindicativo se leyó un manifiesto en el que se destacó la «necesidad» de que las administraciones públicas competentes «se comprometan y actúen haciendo servir la ley de Caminos Públicos y Rutas Senderistas de Mallorca y Menorca». Los manifestantes exigieron a las instituciones que «cumplan con sus obligaciones y deberes para evitar la apropiación y deterioro de los caminos por parte de propietarios que se apoderan de un bien inmueble público», como es el caso del histórico camino de Passatemps, cerrado en diversos tramos por los propietarios de dos grandes possessions. Según los convocantes, este camino «es la puerta de entrada a la Serra», por lo que reclaman a los ayuntamientos y al Consell de Mallorca «por activa y por pasiva, unos por inacción y otros por la complicidad silenciosa», que actúen para «recuperar, mantener y conservar el bien público catalogado del que existe bastante documentación sobre su titularidad pública».

Fuentes de la asociación vecinal de Palmanyola explicaron que el objetivo de la marcha reivindicativa es el de «exigir» la «apertura inmediata» del camino para «completar los tramos que ya están señalizados por el Consell desde Bunyola hasta Raixa».

Al principio de la caminata, la organización lamentó la ausencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil para vigilar la seguridad de la concentración, a pesar de que la marcha estaba autorizada por Delegación del Gobierno después de que la primera convocatoria, prevista para el pasado 3 de abril, fuera denegada por la citada institución por haber sido solicitada fuera de plazo. "Es una vergüenza que define la política actual de Govern y Consell", criticaron los organizadores.