El Govern parece haber puesto esta vez el pulso firme sobre el timón capaz de llevar el Pla General de Ports a un amarre seguro y aceptable que al menos sea válido para ligar el consenso de todos los colectivos y entidades vinculadas con la gestión del litoral. En un archipiélago como Balears viene a ser el conjunto de toda la sociedad.
Esta actitud parece desprenderse del modo en que se tramita la redacción del Pla y, más en concreto, de la aceptación de más de la mitad de alegaciones presentas que, por regla general, se refieren a aspectos de gran envergadura. Se huye de la controversia con un modo de avance que implica el reconocimiento del exceso de ambiciones iniciales y deja constancia del lastre de intereses y presiones acumulado, porque el negocio del mar sigue siendo muy apetitoso.
De las explicaciones del conseller Marí queda la impresión de que ahora se ha cogido buen rumbo de lógica vinculada a la realidad de un litoral ya castigado en exceso y que necesita entrar en la onda de la amortiguación del cambio climático. La pregunta es porqué no se había hecho antes. Sabemos que el Pla lleva retraso y posiblemente habría que indagar la respuesta por la vía del exceso de ambición y la búsqueda preferente de rentabilidades económicas.
Se pone a la nueva directiva la bandera de la sostenibilidad y democratización del acceso al mar ligada a la adaptación de las infraestructuras ya existentes, atendiendo a los preocupantes efectos del cambio climático. No habrá nuevos puertos ni marinas secas. Se pretende racionalizar amarres y fondeos y preservar las embarcaciones tradicionales. Sin embargo, con el mar de por medio, nunca se sabe qué puede acabar pasando. Veremos si surgen nuevas tormentas capaces de alterar el rumbo emprendido ahora.
