Las zonas más afectadas por el violento ‘cap de fibló’ que arrasó más de 700 hectáreas en la zona sur de la Serra de Tramuntana el 29 de agosto de 2020, afectando de lleno al municipio de Banyalbufar y en menor medida a Esporles y Valldemossa, podrán recibir finalmente ayudas públicas. El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en un total de doce comunidades autónomas, entre ellas Balears, que en los últimos meses han sufrido inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos.

La declaración podrá beneficiar también a los afectados por las graves inundaciones registradas entre el 20 y el 24 de septiembre de 2021 en Alcúdia, Muro, Santanyí, Pollença, Santa Margalida y Felanitx, además de Ferreries y Ciutadella, en Menorca, así como las lluvias torrenciales de enero de 2020 y los incendios forestales de septiembre de 2021.

El caso más significativo es el del ‘cap de fibló’ del verano de 2020 en la Tramuntana, que dejó un escenario dantesco en el que se calcula que más de 700.000 árboles fueron arrancados y más de un centenar de viviendas resultaron dañadas. Desde hace más de un año, el ayuntamiento de Banyalbufar, municipio más afectado por el fenómeno meteorológico, viene reclamando la declaración de zona catastrófica e incluso había amenazado con acudir a los tribunales si el gobierno no convocaba una línea de ayudas. El Govern y el Consell también habían reclamado la declaración catastrófica.

Con el fin de paliar los daños personales y materiales, el acuerdo adoptado por el gobierno central contempla ayudas económicas para particulares que van desde los 2.580 euros en caso de destrucción o daños en enseres de primera necesidad hasta los 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente. La medida incluye ayudas de 15.120 euros como límite en el caso de destrucción total de la vivienda habitual y de 10.320 euros por daños en la estructura de la vivienda habitual. Asimismo, aportará un máximo de 5.160 euros por otros daños en la primera vivienda y 9.224 euros por desperfectos a elementos comunes de una comunidad de propietarios.

Por otra parte, también se incluyen otras medidas como beneficios fiscales y exenciones de cuotas de la Seguridad Social y de las tasas de Tráfico. Asimismo, se prevén ayudas a las corporaciones locales que cubrirán un 50% de los proyectos que se ejecuten para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. También se declararán zonas de actuación especial y la emergencia de las obras para reparar daños causados en infraestructuras públicas.