El ayuntamiento de Sóller regulará la instalación de placas solares en el municipio mediante una ordenanza municipal. De esta manera cubrirá el vacío legal que existe en el municipio y dará salida a las demandas que se generan en los últimos tiempos coincidiendo con el incremento del precio de la energía eléctrica.
El concejal de urbanismo de Sóller, Jaume Bestard, explicó que el municipio optará por la vía de la ordenanza en vez de la modificación del planeamiento urbanístico (como preveía en un principio) debido a la celeridad con que se llevará a cabo el trámite de regulación. No obstante, la norma no verá la luz hasta dentro del primer semestre del próximo año.
Para fijar una regulación de las placas solares, el municipio recurrirá a la modificación de la ordenanza que regula la estética de las fachadas, a la que introducirá nuevos preceptos normativos.
Sólo en techos planos
En Sóller existe un vacío legal en la instalación de equipos de generación de energía fotovoltaica, en tanto que el Pla General de Ordenación Urbana, aprobado en 1998, no preveía este tipo de instalaciones. Esta falta de regulación específica ha hecho que hasta ahora el municipio sólo haya autorizado la instalación de placas fotovoltaicas en techos planos y en jardines. Por contra, no lo permite en las cubiertas inclinadas que poseen la mayoría de edificios del municipio. Esta falta de regulación ha levantado críticas de partidos de la oposición y particulares, que exigen una acción urgente del ayuntamiento ante el aumento de precio de la electricidad.
Santa Eugènia, 42 casas se suman al proyecto compartido
El Institut Balear de l’Energia (IBE) ha recibido un total de 42 solicitudes de viviendas y comercios de Santa Eugènia para adherirse a la convocatoria del proyecto de autoconsumo compartido situado en el colegio Mestre Guillemet. Según el Govern, gracias a este procedimiento público de selección, los particulares y empresas adheridas «podrán consumir electricidad limpia y a precio de coste», fruto del primer autoconsumo compartido de Balears.
El proyecto, con una potencia total de 40 kw, tiene el objetivo de abaratar la factura eléctrica y avanzar hacia la democratización de la energía para conseguir la soberanía energética. Se calcula que los particulares adheridos podrán ahorrar unos 100 euros anuales, mientras que las empresas pagarán unos 600 euros menos al año.
