El último pleno municipal de Santa Maria aprobó el martes por la noche con los votos a favor de la mayoría gobernante (Més y PSOE), la abstención del PP y el voto en contra de Alternativa la modificación de la regulación urbanística de las zonas conocidas como ‘es vial’ (entre Son Dolç y sa Vileta) y Ca n’Adrià (desde ‘sa Voltadora’ al polideportivo). El gobierno municipal destacó que se rebaja la edificabilidad que se permitía en estas zonas, lo que, en opinión de Terraferida y GOB, no es suficiente. Estas entidades consideran que deberían desclasificarse los terrenos, para que fuesen rústicos.
Según la información proporcionada por el Ayuntamiento a este diario, el cambio normativo permite reducir hasta en un «81%» las actuaciones que estaban previstas en estas zonas. Así, por ejemplo, en el caso de la zona de ‘es vial’, si antes se contemplaba un desarrollo de 64.712 metros cuadrados, ahora pasará a ser de 42.767 metros cuadrados.
A ello hay que añadir, apuntaron fuentes municipales, que en estos terrenos se ha reservado un espacio de 747 metros cuadrados para equipamientos sanitarios o cívico-sociales, lo que la anterior normativa no contemplaba.
En lo que se refiere a la unidad de actuación en ‘sa Voltadora’, el desarrollo pasa de ser de 50.140 metros cuadrados a 26.340 metros cuadrados. También se reduce, siempre de acuerdo a los datos facilitados por el Consistorio, la superficie destinada a viales y espacios públicos: de 19.676 a 10.158 metros cuadrados.
El alcalde Nicolau Canyelles destacó que son actuaciones que permitirán «cerrar» el pueblo, al mismo tiempo que facilitará la apertura de calles actualmente cerradas al tráfico. Aseguró además que se optó por no convertir estos terrenos en rústicos, para «no perjudicar» a los propietarios, que pagan desde hace años el IBI como urbano.
Visión ecologista
El GOB se unió ayer al posicionamiento expresado por Terraferida y reclamó la anulación de estas modificaciones urbanísticas impulsadas por el ayuntamiento de Santa Maria. Consideraron los ecologistas que, como «la superficie afectada es suelo sin urbanizar, por eso debe pasar a ser suelo rústico en aplicación de la Ley de Urbanismo de Balears». Cifraron en 300 las viviendas que se pueden construir. Esta organización sostuvo que, cuando se materialice la urbanización de estas zonas, no estará garantizado el «suministro suficiente de agua potable ni la capacidad de depuración de las aguas residuales».
Y argumentó que existe una directiva de la Unión Europea que establece la exigencia de un informe previo de evaluación medioambiental antes de la aprobación definitiva de este tipo de planes. Un condicionante que, señalaron desde el GOB, no se ha dado en este caso.
En alusión indirecta a los argumentos expuestos por el gobierno municipal, que ha insistido en la idea de que se está reduciendo la edificabilidad de estos terrenos, la entidad ecologista subrayó que decrecer «no consiste en reducir los impactos del planeamiento propio del ‘boom’ de la construcción», sino que tendría que consistir en «no permitir la urbanización de falsos suelos urbanos», como es el caso de Santa Maria.
En opinión de esta organización, es necesaria una revisión «completa» del ordenamiento urbanístico de la localidad, afectada por una «fuerte presión urbanística, con crecimiento de suelo urbano, edificación descontrolada en suelo rústico e infraestructuras desmesuradas».
