El GOB reclamó este miércoles la anulación de las modificaciones urbanísticas impulsadas por el ayuntamiento de Santa Maria, que ha mantenido la edificabilidad, aunque en un menor grado, en la zona conocida como ‘es vial’ (entre Son Dolç y sa Vileta) y Ca n’Adrià (desde ‘sa Voltadora’ al polideportivo). Consideraron los ecologistas que, como “la superficie afectada es suelo sin urbanizar, por eso debe pasar a ser suelo rústico en aplicación de la Ley de Urbanismo de Balears”. Cifraron en 300 las viviendas que se pueden construir.
Esta organización sostuvo que, cuando se materialice la urbanización de estas zonas, no estará garantizado el “suministro suficiente de agua potable ni la capacidad de depuración de las aguas residuales”. Y argumentó que existe una directiva de la Unión Europea que establece la exigencia de un informe previo de evaluación medioambiental antes de la aprobación definitiva de este tipo de planes. Un condicionante que, señalaron desde el GOB, no se ha dado en este caso.
En alusión indirecta a los argumentos expuestos por el gobierno municipal presidido por Nicolau Canyelles (Més per Santa Maria), que ha insistido en la idea de que se está reduciendo la edificabilidad de estos terrenos, la entidad ecologista subrayó que decrecer “no consiste en reducir los impactos del planeamiento propio del ‘boom’ de la construcción”, sino que tendría que consistir en “no permitir la urbanización de falsos suelos urbanos”, como es el caso de Santa Maria.
En opinión de esta organización, es necesaria una revisión “completa” del ordenamiento urbanístico de la localidad, afectada por una “fuerte presión urbanística, con crecimiento de suelo urbano, edificación descontrolada en suelo rústico e infraestructuras desmesuradas”. En este sentido, apuntó que el planeamiento de Santa Maria data de antes del inicio de la burbuja inmobiliaria que estalló con la gran crisis económica desatada a partir del año 2008.
