La regulación y control efectivo del litoral balear se ha hecho necesaria y urgente hasta el extremo de propiciar el surgimiento de entidades y colectivos que abogan por su puesta en práctica. Cuando la Administración pierde el tren de la necesidad y la conveniencia, a la ciudadanía no le queda otro remedio que el de suplirla o espolearla. Ocurre demasiadas veces. No hace falta mucha explicación para hacer ver que los puertos son un elemento clave y determinante de los usos del litoral, sobre todo en un archipiélago turístico con abundancia de navegación libre.
Hay un plan general de puertos en ciernes y, como era de esperar, se toman posiciones ante él que no son precisamente confluyentes. Este es ya el preámbulo habitual de toda gran infraestructura o norma sustancial que afecta a la Mallorca exprimida. En estas condiciones, el punto de encuentro solo puede llegar por la vía de la moderación y la renuncia, cosa nada fácil cuando presionan intereses encontrados.
El director de Ports vaticina que con el Plan General se establecerán límites al crecimiento, se corregirá a situación de alegalidad de los entornos y podrán evitarse amarres en las praderas de posidonia. Dicho así, los objetivos fijados son irrebatibles pero, sin embargo, esta visión es muy distinta de la que ofrecen los colectivos vecinales y proteccionistas del medio marino. Han visto en el borrador del plan un allanamiento hacia una mayor ‘turistificación’ de las instalaciones portuarias, la aparición de nuevos polígonos de fondeo y obras a ras de espacios protegidos con un abono a la multipropiedad de amarres que puede contribuir a la masificación. Dicen que se mima a los yates y se expulsa a las embarcaciones pequeñas. Que da mucho por pulir antes de regularizar bien.
