El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència), ha sido citado a declarar este miércoles a mediodía en los juzgados de Inca por un presunto fraude electoral en los pasados comicios municipales de 2019, investigado por la fiscalía a raíz de una denuncia presentada por la coalición progresista Suma pel Canvi ante la junta electoral después de comprobar que al menos 38 personas se habían empadronado en propiedades vinculadas al actual alcalde.
Monjo, que no ha querido hacer declaraciones a la salida del juzgado, al que ha acudido junto a su abogado Eduardo Valdivia, ha explicado a este diario antes de la cita con el juez que presentará toda la documentación que se le solicite y que está «muy tranquilo» porque lo que se investiga es «una tontería». «Yo no he empadronado nunca a nadie; actualmente, el que se quiera empadronar debe acudir personalmente a hacerlo», señala.
El regidor ‘margalidà’, cuyo partido, Convergència, ganó las elecciones municipales de 2019 con solo una cincuentena de votos más que Suma pel Canvi, hoy en la oposición, admite que algunos de los miembros del censo que habían sido denunciados en 2019 por la citada coalición política están empadronados en inmuebles de su propiedad. «Pero es que los tengo alquilados», apunta. Es el caso del chiringuito de Son Serra de Marina, de cuya parcela Monjo es copropietario. «Lo tengo alquilado y el inquilino se ha empadronado allí», justifica el regidor.
Lejos de reconocer posibles irregularidades, el alcalde ataca a los denunciantes de Suma pel Canvi, a quienes acusa de incurrir en un «delito» por «haber accedido a una base de datos a la cual no pueden acceder; es una información que no puede tener nadie».
A su entender, la denuncia es una «novela» fabricada para perjudicarle en las elecciones. «Me denunciaron únicamente para poder decirlo en los mítines; me lo hacen cada legislatura, ya he tenido que ir al juzgado a declarar tres o cuatro veces por denuncias suyas; si trabajasen más para el pueblo conseguirían más votos», señala en referencia a Suma pel Canvi, coalición entre el PSOE y los Independents que no repetirá como marca electoral en las próximas elecciones municipales.
La coalición política que lidera la oposición municipal desde hace dos legislaturas empezó a sospechar de posibles irregularidades en el censo electoral de Santa Margalida mientras preparaba el ‘mailing’ para la campaña electoral de 2019. «Pudimos comprobar que había toda una serie de lugares donde es imposible enviar nuestro programa electoral, ya que se trata de solares urbanos o fincas rústicas sin ninguna construcción», señalaron entonces.
Según las cifras aportadas por SxC, en enero de 2017 hubo 35 solicitudes de empadronamiento en el municipio, cifra que se incrementó hasta las 48 en 2018 y se multiplicó hasta los 108 empadronamientos en enero de 2019.
El exportavoz de la coalición, Antoni Reus, también ha sido citado a declarar esta semana para ratificar la denuncia.
