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Anticorrupción da 10 días a ediles de Pollença para alegar contra la denuncia por su vacunación

El organismo dirigido por Jaime Far actúa tras una denuncia presentada por la oposición

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre. |

La Oficina Anticorrupción ha dado un plazo de 10 días al alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), y a la regidora de Servicios Sociales de esta localidad, Francisca Cerdà, para que presenten sus alegaciones ante la denuncia de que, en el caso del primero, usó fondos públicos para hacerse pruebas PCR y, en el caso de la edil, se vacunó de forma irregular el pasado mes de febrero, cuando aún no le tocaba, además de hacerse test también con cargo al erario municipal.

El pasado mes de febrero, los grupos políticos municipales de Junts Avançam, Alternativa per Pollença y Unides Podem ya presentaron diversos escritos advirtiendo de estas supuestas irregularidades, «en un claro abuso de poder, falta de transparencia y mal uso de los recursos públicos».

Además, advirtieron de que ambos se habían hecho pruebas PCR de forma periódica con fondos públicos. Por eso, se decidió presentar una denuncia ante la Oficina Anticorrupción dirigida por Jaime Far, que ha continuado con la tramitación del expediente y que ahora solicita a los regidores que contesten a través de las alegaciones pertinentes.

Sin protocolo oficial

En el escrito que se presentó ante Anticorrupción, se hacía notar que «no hay ningún protocolo oficial que dé luz verde a la vacunación de la regidora ni que permita la realización de pruebas PCR regulares tanto al alcalde como a la propia regidora».

Apuntaba la denuncia que el total de test que se realizaron entre mayo de 2020 y enero de 2021 ascendía a 36 (18 cada uno), lo que, a su entender, «supone un mal uso de los recursos públicos por parte de los dos regidores».

Los denunciantes, que expresan su satisfacción por el hecho de que continúe la investigación de Anticorrupción, recordaron que estas presuntas irregularidades se cometieron durante el pasado invierno, en un momento en el que la pandemia azotaba con fuerza y las vacunas eran un bien cotizado sólo al alcance de determinados segmentos de población, como los usuarios de las residencias, y colectivos que estaban en primera línea en la lucha contra el virus, como los profesionales sanitarios.

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