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Monjo se asegura el control de todos los espacios municipales en detrimento del PP

El alcalde de Santa Margalida aparta a sus socios de la decisión de autorizar actos en los locales públicos después de que los populares dieran permiso a un colectivo de jóvenes crítico con el regidor para celebrar una presentación en la biblioteca de Can Picafort

Joan Monjo, en el centro, junto al popular Martí Torres (izquierda), durante un pleno. | J.FRAU

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència), firmó la pasada semana un decreto mediante el que delega en dos de sus regidores (Eugenio Garrido y Joana Llull) la capacidad de autorizar actos públicos en los locales, edificios y dependencias municipales de los tres núcleos de población del municipio, que de esta forma pasan a ser controlados exclusivamente por el partido del alcalde, dejando a su socio de gobierno, el PP, con poca capacidad de maniobra en este sentido.

La citada resolución se interpreta en el ámbito político del municipio como una represalia del alcalde contra sus socios populares porque el PP, que asume la delegación de Cultura, había autorizado el pasado 8 de julio en la biblioteca municipal de Can Picafort un acto crítico con Joan Monjo convocado por el grupo Frente Obrero, a cuyo portavoz el Ayuntamiento había impuesto el pasado mes de mayo tres sanciones que suman 6.750 euros por colgar carteles y realizar pintadas en diferentes zonas del municipio contra el alcalde, al que acusaron de «cacique» y de «blanquear el fascismo» por no haber retirado el título de Hijo Ilustre al banquero Juan March Ordinas.

Durante la celebración del acto organizado por el Frente Obrero se presentaron en la biblioteca de Can Picafort tres agentes de la Policía Local, que identificaron a la decena de asistentes a la charla con la intención de «amendrentarlos», según el citado colectivo de jóvenes.

Apenas cinco días después de este suceso, el alcalde firmaba el decreto que aparta al PP de las autorizaciones de actos en las dependencias municipales, aunque Joan Monjo negó ayer que esta resolución sea una consecuencia del citado acto autorizado por los populares en Can Picafort. «Las autorizaciones para realizar actos en los locales públicos no habían sido delegadas a nadie y ahora se ha hecho por decreto», apuntó.

Tres policías locales irrumpieron en el acto del Frente Obrero para identificar a todos los asistentes

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El regidor añadió que la resolución «no tiene nada que ver con el acto de Can Picafort» y negó además que fuese él quien enviase a la Policía Local, aunque justificó la intervención policial para «identificar» a los participantes, ya que de esta manera «sabemos que había nueve personas y solo dos de ellas son del municipio, el resto eran de Marratxí y Felanitx». Al ser preguntado sobre si la Policía Local identifica habitualmente a los asistentes a los actos autorizados en locales municipales, Monjo aseguró que «a la gente normal no la identificamos, pero sí a este grupo que tiene tres expedientes abiertos y hace cosas que no son normales».

Por su parte, fuentes del PP confirmaron que habían autorizado el acto del Frente Obrero en Can Picafort «porque se otorga a todos los que la piden» y que, a pesar del decreto del alcalde, seguirán otorgando permisos para realizar actos en los espacios públicos. «Solo faltaría», señalaron. El líder popular, Martí Torres, optó por quitar hierro al asunto y justificar el decreto de Monjo: «Lo ha hecho para poner orden».

El portavoz del PSOE local, Xisco Bergas, tiene claro que los últimos movimientos de Monjo se deben a las malas relaciones entre los dos socios de gobierno. El último decreto del alcalde «es la prueba de la pérdida constante de poder del PP dentro del Ayuntamiento y evidencia la mala relación entre ellos, algo que perjudica al municipio».

El alcalde coloca a una delegada afín en Son Serra

El pasado 23 de junio, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, firmó una resolución para nombrar a una vecina de Son Serra de Marina vinculada a su partido como nueva representante del alcalde en el núcleo costero. A partir de ahora, Antonia Frontera Dalmau «tendrá la condición de autoridad en las tareas que se le encomienden» a excepción del dictado de actos administrativos. De esta forma, se cesa al anterior delegado de Son Serra, un cargo de confianza que había sido designado por el PP a principios de la legislatura.

La sustitución del cargo, según explicaron ayer tanto Monjo como Torres (PP), se debe a los acuerdos adoptados entre ambos partidos a principio de legislatura mediante los cuales los populares designarían al representante de Son Serra durante los dos primeros años y Convergència eligiría al suyo los dos últimos.

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