Varias personas han resultado heridas este mediodía por cargas policiales durante el desahucio de una familia en su domicilio de la calle Ramón Llull de Inca y que sigue ejecutándose a estas horas de la tarde. Un gran despliegue policial formado por una treintena de agentes antidisturbios de la Guardia Civil ha participado en el desahucio para desbloquear la entrada de la vivienda, donde se habían atrincherado un grupo de vecinos y amigos de la familia afectada con el objetivo de impedir la entrada de los agentes y de la comisión judicial. La plataforma Stop Desahucios Mallorca había convocado una concentración frente al domicilio para tratar de evitar el desahucio.

Después de varias horas de incertidumbre, los agentes policiales han podido forzar la entrada principal cerca de las 15 horas después de desalojar a los manifestantes de forma expeditiva, retirándolos uno a uno. Algunos de ellos han ofrecido mucha resistencia y han tenido que ser retirados con la participación de varios agentes antidisturbios. Ha sido durante estas cargas cuando han resultado heridas varias personas. Un hombre afectado por una discapacidad ha quedado tendido sobre la acera y ha tenido que precisar asistencia sanitaria. Un niño se ha quejado de un golpe en el pecho y otro menor ha sufrido una crisis de ansiedad.

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Varios heridos por carga policial en un desahucio en Inca Joan Frau

Los incidentes han causado una gran expectación en esta calle del centro de la ciudad, que ha sido acordonada por la Policía Local para evitar el paso de vehículos. Decenas de vecinos han seguido los hechos desde las aceras, ventanas y balcones. Se han producido gritos contra la policía y exclamaciones de ánimo para la familia afectada.

La familia desahuciada está formada por cuatro personas, una mujer de 47 años con un 65% de discapacidad, su madre de 70 años y dos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad del 39%, según los datos aportados por la plataforma Stop Desahucios. El motivo de la expulsión de esta familia es un “impago prolongado” del alquiler, aunque el citado colectivo alega que en todo momento ha tenido “buena fe” y que se trata de una “familia abandonada por la administración y excluida injustamente de las listas del Ibavi”. Joan Segura, portavoz de la plataforma, presente este miércoles en la concentración megáfono en mano, ha explicado que “la trabajadora social lleva meses sin hacer el informe correspondiente para incluir a la familia en las listas de lbavi en cumplimiento del protocolo”. Antes del uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil, la comisión judicial ha instado a la inquilina de la vivienda a salir a la calle para negociar las condiciones del desahucio, aunque no ha habido un acuerdo y el proceso ha seguido adelante.

Se da la circunstancia de que la familia desahuciada ha encontrado una alternativa habitacional en la península en el plazo de doce días, por lo que la plataforma considera “desproporcionado” ejecutar el desahucio antes de este plazo porque de esta forma la familia “puede perder todas sus pertenencias”. Además, denuncian que la madre afectada “ha estado absolutamente desinformada por su abogado, que no responde a los mensajes ni envía documentos, avisa a última hora y de forma indirecta”, por lo que no se descarta presentar una denuncia contra el letrado. “Este caso es un ejemplo de cómo la administración abandona, destruye, desarraiga y expulsa a las familias de sus casas y de la isla”, apunta la plataforma.