Balears es una comunidad aventajada en barracones escolares, las autoridades se las ven y desean ahora para cumplir las exigencias de distanciamiento educativo que impone el avance del coronavirus y, mientras, llega la noticia del imperativo legal que obliga a derribar parte de un colegio en Puig de Ros.
Todo parece un contrasentido, una incongruencia, pero no lo es tanto porque, si la escuela es reflejo de la sociedad a la que está llamada a mejorar, no puede extrañar tanto que en la infraestructura docente pasen estas cosas. Miren el panorama social y de gestión pública que nos rodea, comparen, y saquen sus propias conclusiones. La infracción urbanística en la escuela de Puig de Ros es, en definitiva, más de lo mismo.
El alcalde y la regidora de Educación de Llucmajor se indignan porque los vecinos denunciaron, hace una década ,la falta de respeto al retranqueo por parte del IBISEC y porque el TSJB no ha aceptado propuestas alternativas al derribo que ahora se presenta inevitable. No han aprendido la lección, están en riesgo de repetir despropósitos semejantes. No han entendido que el denunciante ha suplido la dejadez del gestor público exigiendo el complimiento de la legalidad.
