Demarcación de Costas considera que las obras realizadas en el paseo marítimo de Cala Rajada por el ayuntamiento de Capdepera para reparar los daños causados en la primera línea por la borrasca Gloria, y que posteriormente fueron denunciadas por el GOB, constituyen una infracción administrativa grave, cuya sanción ascendería a 200.000 euros. No obstante, con el reconocimiento voluntario de la responsabilidad, así como el pago voluntario de las sanciones que conlleva, renunciando a cualquier recurso vía administrativa contra la sanción, la cantidad se reduciría a 120.000 euros.

Las obras en cuestión afectarían a las realizadas entre los hitos 565 y 580 y, según los técnicos de demarcación de Costas, supondría una ejecución no autorizada de obras en el dominio público marítimo terrestre, cuyos hechos constituirían una infracción administrativa grave.

Las obras de reforma iniciadas por el Consistorio gabellí, después de que la borrasca Gloria dejara destrozos en gran parte del paseo marítimo, contaban con una autorización tramitada por la vía de urgencia, pero el pasado 3 de junio fueron denunciadas por el GOB. Dichas obras, según la denuncia, iban más allá de la reparación de los daños de Gloria.

El alcalde dice que no hay delito

El alcalde socialista de Capdepera, Rafel Fernández, se mostraba estos días preocupado por la acusación del GOB sobre un posible delito medioambiental que conllevaría responsabilidades penales, afirmando que el informe de Costas demostraba que el delito no existía. Sin embargo, desde Costas se asegura que este delito no es de su competencia.

Las obras se encontraban paralizadas, hasta que ayer se retomaron de nuevo, después de que en la misiva de notificación, Demarcación de Costas levantara la medida cautelar que las mantenía paralizadas, en base a un informe técnico de fecha 19 de junio de 2020, en la que reconoce que no se ha producido un aumento en la ocupación de terreno público marítimo.

El ayuntamiento de Capdepera, respaldado por todos los partidos de la corporación, presentará alegaciones contra la resolución de Costas, como proponen los técnicos municipales, que siguen insistiendo que las obras realizadas estaban autorizadas en el marco de las obras de emergencia y que la sanción no es correcta.

Para realizar estas alegaciones, el consistorio de Capdepera dispone de quince días.