La propuesta de alcaldía sometida al pleno del Ayuntamiento de Lloseta del pasado lunes sobre la supresión de la figura de los alodios -alous- en la Compilación del Derecho Civil Balear, fue asumida totalmente por todos los grupos políticos con representación municipal: PSOE, PP, PSM y PI. De este modo acordaron que la propuesta de la alcaldía se convirtiera en una moción conjunta de toda la corporación municipal.

Este acuerdo será elevado a la conselleria de Presidencia para que estudie su toma en consideración a la vez que se da cuenta a la comisión de expertos creada por el Consell de Govern de la CAIB en 1998 sobre la posible reforma de la Compilación del Derecho Civil Balear.

En Lloseta existe una gran cantidad de pequeños propietarios de casas y fincas rústicas afectadas por los alodios y censales procedentes del señor feudal de Lloseta, el Conde de Ayamans. Este gravamen sobre fincas, que no es un impuesto, se paga a la persona que tiene registrados a su favor dichos alodios en el Registro de la Propiedad. Se paga el uno por ciento sobre el valor del suelo de la finca en caso de compraventa o transmisión onerosa. No se paga en caso de herencias o donaciones. Por otra parte, si un propietario desea rescatar o redimir el alodio pude hacerlo en escritura pública pagando un tanto por ciento más elevado.

Con esta decisión unánime del Ayuntamiento se ratifican también otros dos acuerdos anteriores fechados en enero de 1999 y julio de 2008.

El alcalde, Bernat Coll (PSOE), manifestó en el pleno que el alodio es una carga persistente de origen medieval que no tiene razón de ser actualmente y que goza de una impopularidad manifiesta.

El propio Ayuntamiento de Lloseta es uno de los afectados por la repercusión de esta obligación de pago. Hace poco tiempo tuvo la necesidad de ampliar el cementerio municipal debido al incremento de demanda de sepulturas. Para llevar a cabo dicha ampliación adquirió unos terrenos colindantes con el camposanto. En esta operación de compraventa se vio obligado al pago de unos 2.00o euros al propietario del alodio.

Bernat Coll considera que "es una figura totalmente obsoleta que en este caso lo que ha causado es un perjuicio a todos los vecinos. Es un dinero que se podría haber usado en mejorar el pueblo pero ha ido a parar a manos privadas”.