La Policía Nacional se ha presentado esta mañana en las infraviviendas ubicadas en la calle Joan Miró que alquilaba el policía local multado e inhabilitado para desahuciar a uno de los inquilinos, tras una denuncia por impago interpuesta por el condenado arrendatario.
Se tratan de denuncias sobre contratos ilegales que han prosperado hasta el punto de dejar fuera de su casa a Luis Ángel, uno de los inquilinos de los trasteros ubicados en el sótano cercano a la plaza Gomila.
No se trata del único afectado, ya que otros residentes ya han recibido cartas del juzgado en la que se les indica que en un plazo de nueve días podría iniciarse el procedimiento de desahucio.
La abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Gloria Olmo, se ha reunido con los afectados para explicarles la situación y los que deberán seguir a continuación. También ha desplazado hasta las infraviviendas el diputado del PSOE Omar Lamin para dar apoyo a losi afectados.
La madre de Mari es una de las que ha recibido el aviso de desahucio, pese a que cuando ha acudido al juzgado le han comunicado que no atendiese la petición del escrito. Así, las denuncias presentadas por el policía local multado junto a su abogado por impagos de los contratos ilegales que él mismo ofrecía, están prosperando y se han cobrado ya su primera víctima.
Además, una de las reclamaciones más importantes para los inquilinos es “dónde nos vamos a quedar”. De momento, no cuentan con ninguna alternativa para alojarse y, en el caso del primer hombre desahuciado, asegura no saber dónde irá.
Davinson Gil, otro de los afectados, cuenta que también les llegaban notificaciones de desahucio por WhatsApp. “Tiene que haber más gente aparte de Rafael. Nos amenazan hasta por mensaje y eso no se puede hacer aparte de que es falso”.
