El edificio de Gesa es un símbolo de la sinrazón política en la ciudad. El inmueble acumula a sus espaldas una cronología de despropósitos, tramas judiciales y choques de intereses. En 2001, el ambicioso proyecto de reforma de la fachada marítima de Palma no contaba con la presencia de Gesa y contemplaba su derribo.

Endesa, que se trasladó a su actual sede en Sant Joan de Déu, vendió en 2004 por 74 millones de euros el solar del edificio, así como los 20.000 metros cuadrados colindantes al promotor Nuñez y Navarro para edificar lo que el planeamiento urbanístico en vigor le permitía. El giro de guión llegó con la decisión del Consell de catalogar el edificio como BIC: los planes orquestados en la zona quedaron dinamitados, el edificio debía mantenerse en pie. 

El Ayuntamiento de Palma negocia con Endesa la compra del edificio de Gesa

El Ayuntamiento de Palma negocia con Endesa la compra del edificio de Gesa

Planeamiento urbanístico

Tras las elecciones de mayo de 2007, la alcaldesa Aina Calvo modificó el planeamiento urbanístico trasvasando la edificabilidad prevista en primera línea al interior del Polígono de Levante y Gesa pasó a ser de propiedad municipal. La situación distaba mucho de quedar así y pronto llegó la batalla judicial. Endesa no quedó contenta y denunció en 2016 el nuevo planeamiento urbano de 2008 ante los tribunales. Meses antes Antoni Noguera había anunciado que la planta baja y la primera planta de Gesa podrían usarse en un plazo de seis meses, pero no fue posible. En junio de 2017 llegó el varapalo judicial. El juez obligó al Ayuntamiento a devolver las llaves a Endesa, así como los tres solares ubicados junto al controvertido edificio. En aquel momento se señaló que si Cort no podía asumir el coste del inmueble para mantener su propiedad, podría conseguirla mediante la compensación de más edificabilidad en solares de segunda y tercera línea de Nou Llevant. Ante este extremo, el alcalde José Hila aceptó que era «muy poco probable» que la totalidad del inmueble volviera a ser algún día de propiedad municipal. El PP de Martínez y Bonet trabaja en todas las posibilidades para que el edificio firmado por José Ferragut regrese a manos de Cort, pese a que el partido en tiempos pretéritos apoyara con ahínco el derribo y su descatalogación.