El Ayuntamiento de Palma ha endurecido las condiciones para la contratación de la empresa que se hará cargo de los envíos postales y las comunicaciones fruto de la gestión municipal. Tras la mala experiencia con CI Postal, acusada de falsificar acuses de recibo y de retrasos injustificados en el envío de multas, el Consistorio sube el listón de exigencia a la nueva contrata, aumenta las penalizaciones e incrementa el presupuesto hasta los 15,5 millones de euros durante los cuatro años que dure el contrato.
Lo que no significa que CI Postal no pueda volver a presentarse. «Puede hacerlo cualquier empresa que cumpla con los requisitos. Sabemos que hay bastantes interesados», ha afirmado Alberto Jarabo, regidor de Justicia Social. El contrato saldrá en dos lotes, uno para los envíos dentro del municipio y otro para los de fuera.
La nueva empresa tendrá que asumir la subrogación de los 36 trabajadores en ERTE que tenía CI Postal cuando prestaba su discutido servicio al Ayuntamiento y del que ahora se ocupa Correos de manera transitoria.
Asimismo, se incluyen algunas condiciones para «garantizar» que no vuelvan a repetirse los problemas de la anterior adjudicataria. Se creará una comisión específica de seguimiento de la actividad de la empresa postal, y se abre la puerta a que sea objeto de una auditoría externa.
Asimismo, fija un número mínimo de trabajadores, vehículos y oficinas abiertas al público. Aumentan las sanciones previstas por incumplimientos —se incluye una por incumplimiento masivo—. Se plantean obligaciones más estrictas en materia de protección de datos personales, la posibilidad de tener un sistema de geolocalización para identificar la ubicación exacta de las entregas, y se amplía en un día el plazo máximo para el primer intento de notificación.
"Hubo una alarma"
«Dada la situación con la anterior adjudicataria, hemos incluido una serie de mejoras en el contrato. Se incrementa el precio y se ofrece la seguridad absoluta de que no vuelve a haber ningún problema en la entrega de las notificaciones», informó Jarabo.
El regidor expresó su deseo de que «los esfuerzos» realizados para endurecer los criterios de adjudicación fructifiquen en un mejor servicio. En todo caso, restó trascendencia a la polémica generada hace unos meses cuando decenas de ciudadanos denunciaron una deficiente notificación de sus multas por parte de CI Postal que les generó recargos de miles de euros. «Hubo una alarma, no entraré en si estaba justificada o no. Hemos revisado muchas reclamaciones, especialmente multas. Vimos que son muy pocas las que contenían errores y se produjeron algunas anulaciones», indicó Jarabo.
