La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha solicitado una reunión urgente con los responsables municipales con el fin de solicitarles que se presente un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) de Balears que anula el adelanto del horario de cierre de las terrazas de sa Llonja y permite que puedan permanecer en activo los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 00,30 horas en lugar de hasta las 23.00 horas como hasta ahora.
Desde la federación vecinal manifiestan que la sentencia del TSJB, que ratifica la del juzgado de lo contencioso administrativo, se basa en el hecho de que el Ayuntamiento, cuando decretó el adelanto del horario de cierre de las terrazas en esta zona, "no argumentó de forma adecuada por qué se tomaba esta decisión y se adelantaba el horario de cierre de las terrazas, además de no aportar documentos de prueba sobre la situación".
En consecuencia la anulación del decreto no se produce por parte del Tribunal Superior porque no haya motivos para adelantar los horarios de cierre, sino porque el Ayuntamiento "no ha presentado las pruebas" que pongan de manifiesto esta necesidad, lo que "no es aceptable por los vecinos afectados". Además, según la presidenta de la Federació, Maribel Alcázar, la sentencia del TSJB "abre la vía del recurso de casación, e incluso se puede llegar al Tribunal Supremo".
Si bien la petición de que se convoque una reunión urgente se ha dirigido directamente a la alcaldía, se incluye la posibilidad de que este encuentro pueda producirse también con los departamentos afectados, como son Gobierno Interior, Sanidad y Servicios Jurídicos.
Por parte de las entidades ciudadanas, además de representantes de sa Llotja más directamente afectados, asistirán representantes de la Federació y miembros de la comisión de trabajo constituida para tratar la cuestión de la pacificación de los barrios y que agrupa a miembros de otras asociaciones vecinales del Eixample de la ciudad.
Desde la Federació recuerdan que "la utilización de la vía pública como un espacio de negocio privado no es un derecho, sino una concesión que ha de estar subordinada a los derechos fundamentales de los vecinos que habitan los barrios catalogados como residenciales".
Por ello, consideran que "no es posible que la viabilidad y el lucro inherente a cualquier negocio y empresa de restauración se fundamente en la ocupación del espacio público". Debido a que no todos los espacios públicos tienen las mismas caraterísticas ni la misma saturación de este tipo de actividades, recuerdan que "es imprescindible regular mediante la implantación de los denominados Planes Zonales, además de que los ayuntamientos tienen la obligación de responder a las demandas vecinales y a las situaciones límite, como las que se viven en distintas zonas de la ciudad, empezando por la zona de sa Llotnja, cuyos vecinos han sido pioneros en la lucha por el descanso de los residentes", un derecho contemplado tanto en la legislación estatal como europea.
