El Plan Zonal aprobado por el Ayuntamiento de Palma para las terrazas de las plazas de sa Llonja y Drassanes, supone la eliminación de 190 mesas de las 440 autorizadas hasta el momento.
La concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, ha manifestado que esta reducción en relación a las ocupaciones del espacio libre público autorizado con anterioridad se debe, entre otras razones, a los incumplimientos constantes y los abusos de los restauradores de la zona, que en algunos casos, colocaban incluso mesas y sillas en la fachada de sa Llonja y a las protestas vecinales.
Si bien el Plan Zonal de estas dos plazas, una figura contemplada en la ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, fue aprobado antes del pasado año y entró plenamente en vigor a partir del pasado día uno de enero, no ha sido hasta ahora, con el inicio de la temporada turística y la delimitación con pintura amarilla de los nuevos espacios que pueden ocupar las mesas y sillas, cuando de ha producido la polémica. De hecho, los restauradores de la zona anunciaron su malestar por esta medida que, según ellos, supone la eliminación del 50% de la superficie de terraza autorizada con anterioridad. Además de solicitar una reunión con el alcalde, José Hila, para tratar esta cuestión, han presentado un recurso judicial contra la medida.
Según la concejala Claudia Costa, en relación a la superficie total de ambas plazas, la aplicación del Plan Zonal supone una disminución de un 11% de la superficie ocupada por las terrazas en relación a la total y de un 40% si solo se tiene en cuenta la superficie autorizada anteriormente de ocupación de terrazas.
En concreto, antes de la aprobación del Plan Zonal en ambas plazas se permitía de 1.553 metros cuadrados, lo que representaba 1.775 sillas, frente a los 2.151 habitantes censados en ambas zonas, lo que, en la práctica, representaba que había tantas sillas en las terrazas de los bares y restaurantes de como habitantes. Con la aplicación de la nueva norma se eliminan 190 mesas de las aproximadamente 440 autorizadas con anterioridad.
En el decreto de aprobación del Plan Zonal se recuerda que el barrio de sa Llonja es un punto neurálgico de las rutas turísticas de la ciudad. Se trata de un entorno con “excesiva oferta de alojamiento, de restauración y de ocio nocturno”. Al mismo tiempo, se trata de una de las zonas en la que las entidades vecinales “han formulado más denuncias y reclamaciones derivadas de los problemas de convivencia generados entre el uso residencial y las diferentes actividades empresariales de ocio y restauración, circunstancias que provocan un problema común, el exceso de ruido”.
Se indica asimismo que “el ruido es una de las principales causas de preocupación ciudadana, expuesta y denunciada por las asociaciones vecinales de la zona de forma reiterada ya que incide en la calidad de vida de las personas y, además, puede provocar efectos nocivos en la salud y en el comportamiento, tanto individual como social”.
Se recuerdan también las “reiteradas sentencias de los tribunales de justicia tanto españoles como europeos, que ponen de manifiesto que la contaminación del medio ambiente puede afectar al bienestar domiciliario y repercutir en la vida privada familiar”, por lo que las autoridades “están obligadas a adoptar las medidas oportunas para asegurar estos derechos”.
Por ello, ante «la grave problemática de incivismo y convivencia» provocados por el exceso de ocupación con mesas y sillas, sombrillas y otros elementos, que desvirtúan totalmente su función social como eje vertebrador de la ciudadanía «e incluso llegan a obstaculizar la entrada principal del edificio de sa Llonja» y en aplicación de la ordenanza de ocupación, se ha diseñado este plan zonal que restringe la ocupación autorizada hasta ahora.
Entre la legislación que se incorpora a la norma se incluye una sentencia del TSJB de mayo de 2921, en la que se especifica que las licencias de ocupación del espacio público pueden ser revocadas, modificadas y transformadas unilateralmente por la administración en cualquier momento, atendiendo a los intereses públicos generales.
