El Ayuntamiento de Palma no prorrogará a Correo Inteligente Postal (CI-Postal) el servicio de notificaciones de las multas de tráfico que se imponen a los residentes en Palma y ha decidido que, a partir del próximo día 1 de abril y previsiblemente en los próximos tres meses, se haga cargo de este cometido la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (Correos). Esta entidad ya entrega las notificaciones desde 1019 a los infractores que residen fuera de la ciudad.
El teniente de alcalde de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, que también asume el departamento de Contratación de Cort, Alberto Jarabo, ha explicado esta mañana que se ha decidido dar por finalizada la prórroga administrativa de seis meses que se realizó con CI-Postal cuando se detectaron incumplimientos por parte de esta empresa de las notificaciones, "para que los ciudadanos no tengan dudas en relación al buen funcionamiento de este servicio" y, en consecuencia, dar por finalizada la relación contractual con esta empresa.
Jarabo ha recordado que el pasado 7 de septiembre se aprobó esta prórroga de 6 meses a favor de CI Postal, introduciendo una serie de modificaciones en las condiciones del anterior contrato con el fin de evitar los problemas generados con anterioridad relativos en general a los fallos en cuanto a las primeras notificaciones, que provocaron numerosas reclamaciones ciudadanas e incluso la creación de hasta dos plataformas de afectados.
En este tiempo se preveía convocar un nuevo concurso, con unos pliegos de condiciones adaptados al volumen actual de las notificaciones, el reajuste de los precios y la introducción de una serie de medidas de seguridad. No obstante, esta licitación se ha retrasado, por lo que se ha decidido efectuar un "contrato puente" con Correos (empresa que ya se encarga de las notificaciones que se realizan fuera de Palma) de tres meses, tiempo que se prevé que ya se haya procedido a la adjudicación del nuevo contrato.
De hecho, según Jarabo, los nuevos pliegos se aprobaron antes de finalizar el año y en estos momentos el plazo para la presentación de ofertas también está a punto de finalizar, por lo que se espera que el próximo mes de junio ya se disponga de la nueva empresa que se encargará del servicio.
El contrato con Correos implica la impresión, plegado, sellado y ensobrado de las notificaciones en papel con destino al municipio de Palma, así como la prestación de los servicios postales tradicionales con la impresión y ensobrado de las notificaciones electrónicas no recibidas por aquellas personas físicas que no están obligadas a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento.
El volumen de notificaciones previsto que asumirá Correos con la incorporación de este nuevo lote es de unos 30.000 envíos mensuales, según el estudio realizado en función de las notificaciones realizadas a lo largo del año pasado, que ya se habían incrementado notablemente desde 2021, con la entrada en vigor de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en la mayoría de las calles de la ciudad y de 40 y hasta 50 en los ejes de más tráfico, y la instalación de más de una decena de radares.
La negociación con Correos ha permitido rebajar en un 15% sus tarifas por entrega, pese a lo cual, el teniente de alcalde no se ha atrevido a dar una cifra del coste del contrato. No obstante, el ya modificado con CI-Postal ha supuesto un gasto mensual que ronda los 100.000 euros.
Según el teniente de alcalde, pese a que se ha decidido finalizar la relación contractual con CI-Postal, en los últimos seis meses tras detectar los problemas existentes en relación a las primeras notificaciones y la introducción de una serie de modificaciones como el encriptado del DNI del infractor, el servicio ha funcionado "razonablemente". Jarabo ha recordado asimismo que se han abierto dos expedientes de sanción contra esta empresa, al margen del procedimiento judicial que se sigue contra dos exempleados.
Nuevas condiciones
En el nuevo contrato de notificaciones se han introducido una serie de cambios en relación al anterior. En concreto, Jarabo ha señalado que se han fijado unos requisitos más exigentes en relación a la plantilla mínima de trabajadores y el número mínimo de vehículos que debe poner a disposición del servicio. También se ha incrementado el presupuesto máximo con el fin de adecuarlo al volumen actual de las notificaciones a realizar.
La empresa deberá hacerse cargo asimismo de la impresión, plegado, sellado y ensobrado de parte de las notificaciones en papel así como la prestación del servicio postal tradicional, con impresión de las notificaciones electrónicas no recibidas de las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, un trabajo que, hasta ahora, realizaba el Institut Municipal d'Informàtica (IMI).
También se deberá disponer de un sistema de geolocalización que permita identificar las coordenadas de la ubicación exacta de la entrega, demás de ampliar en un día el plazo máximo exigido para la realización del primer intento de notificación.
Además, la empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio de atención al cliente y se han "reformulado" las penalidades por incumplimientos del contrato o incumplimientos defectuosos.
Asimismo, se crea una comisión de seguimiento del contrato con el fin de mejorar el control.
