El ayuntamiento de Palma, a través de la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, ha reconocido las dificultades que tiene el Consistorio para proceder a la desocupación de antiguas sucursales bancarias pese a que, en algunas ocasiones, se han convertido en un problema de seguridad y orden público.
Adrover recordó en su comparecencia ante el último pleno municipal que tanto las policías Nacional como Local «actúan de forma inmediata ante las ocupaciones de viviendas de particulares», siguiendo la instrucción del Fiscal Jefe de Balears. «Tenemos claro que, cuando se trata de un domicilio, tanto si se trata de la primera o la segunda residencia, con la instrucción de la Fiscalía podemos actuar de forma inmediata», afirmó la responsable de la Policía Local de Palma.
No obstante, no ocurre lo mismo cuando se trata de antiguas sucursales bancarias que han sido okupadas a veces incluso por grupos violentos que se enfrentan con otros como ocurrió en la antigua sucursal situada en la avenida de Sant Ferrran, cuyos vecinos tuvieron que soportar la inseguridad y los actos vandálicos durante meses pese a que tanto la policía Nacional como la Local disponían de informes precisos sobre la peligrosidad de esta ocupación y de los problemas de orden público generados.
De hecho, estos informes recabados por ambos cuerpos policiales a instancias de los vecinos de la sucursal del edificio de la avenida de Sant Ferran se remitieron a la Fiscalía y al juzgado de guardia de lo penal solicitando la adopción de una medida cautelar con el fin de poder actuar y desalojar a los okupas.
Ante el silencio de Fiscalía, «el alcalde llamó para interesarse sobre la adopción de esta medida cautelar, que se necesitaba con urgencia» a lo que tanto el ministerio Fiscal como desde el juzgado de lo penal se recibió una comunicación en la que se indicaba que «ni la Policía Local ni el Ayuntamiento eran los legítimos propietarios de este local», por lo que no se les denegaba la medida cautelar solicitada puesto que era una medida que tenía que solicitar «la legítima propiedad». El problema surgió precisamente a la hora de localizar quién era el propietario de este local, puesto que había pasado a un fondo de inversiones y se desconocía qué persona física o jurídica podía solicitar la desocupación. Fue necesario que el alcalde se pusiera en contacto con la dirección general de esta entidad instándoles a denunciar esta situación y que fueran ellos los que solicitaran la medida cautelar necesaria para desalojar el inmueble.
Adrover manifestó que esta situación no es única y que se han encontrado con otros casos puesto que, una vez que la entidad bancaria de deshace del local de su antigua sucursal «no hay posibilidad de saber con qué persona física hay que contactar para que sea la nueva interlocutora de la nueva propiedad».
La teniente de alcalde reconoció que esta situación, además de provocar un gran dolor y malestar a los ciudadanos, también supone un gasto importante para las arcas municipales, puesto que se requiere una importante labor de investigación por parte de la Policía Local y Nacional hasta conseguir que un juez ordene el desalojo. Pese a que «estos problemas se dan» desde el Ayuntamiento «no tiramos la toalla y actuamos con las herramientas legales que tenemos y si no están a nuestro alcance, instamos a que lo hagan quienes sí lo pueden hacer».
