El problema de los locales abandonados que fueron sede de antiguas sucursales bancarias se ha agudizado en los últimos meses. De hecho, se calcula que en Palma, en los últimos siete años se han cerrado la mitad de las 336 oficinas bancarias existentes en 2015, quedando en estos momentos 164, si bien no todas son objeto de okupación, sí que la mayoría se encuentran en un estado de abandono y degradación que en algunos casos preocupa a los vecinos del inmueble en la que están situados estos locales que, además, en la mayoría de los casos incumplen con sus obligaciones hacia la comunidad de propietarios.

La conversión de estos locales, situados en general en la planta baja, en viviendas, una posibilidad que daría un mayor margen a los actuales propietarios para su recuperación, también está limitada por la normativa urbanística que está en vigor desde noviembre de 2021 cuando se aprobó inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, puesto que en las calles con una anchura de 20 metros o más solo se concede permiso de vivienda en el caso de que se mantengan el 60% de los locales para otros usos. En el resto de la ciudad solo es posible que un antiguo local sea vivienda si se destina al alquiler social. Esta limitación se impuso desde Modelo de Ciudad con el fin de evitar que la mayoría de los locales en planta baja se convirtieran en viviendas dada la escasez de casas a precio asequible existente en la ciudad, en detrimento de los locales destinados al pequeño comercio.

Desde el equipo de gobierno también han rechazado en varias ocasiones peticiones del PP y Vox para la creación de una oficina antiocupación. De hecho la teniente de alcalde Joana Maria Adrover dio los datos de la existente en Madrid, en la que seis personas ha atendido una consulta una vez al día.