Un juzgado de lo contencioso administrativo ha dado nuevamente la razón al Ayuntamiento de Palma y ha denegado la medida cautelar solicitada por la empresa que explota las gasolineras de la plaza Progrés y de Avingudes con la que pretendía paralizar el desahucio administrativo en marcha. De esta forma, el Ayuntamiento proseguirá sin ningún impedimento legal al cierre de ambas estaciones de servicio, que carecen desde 2008 de título habilitante para ocupar el suelo público y no consta que desde 1985 hayan abonado ninguna tasa a las arcas municipales, según ha reiterado la concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior de Cort, Claudia Costa.
Costa ha explicado que tras haber recibido la notificación del juzgado sobre la denegación de las medidas cautelares ahora el Ayuntamiento requerirá la empresa Febrer, propietaria de ambas estaciones de servicio, si han recibido también la notificación judicial y, como consecuencia, a que pongan fin de forma inmediata a la actividad, en función del desahucio administrativo acordado en octubre del año pasado y que procedan a "la entrega de las llaves", como acto simbólico.
Asimismo, tal como se pone de manifiesto en esta resolución ahora plenamente en vigor, una vez confirmada la recepción de la denegación de las medidas cautelares, está plenamente en vigor la resolución del pasado mes de octubre por la que se les requiere que, en el plazo de 8 días hábiles siguientes procedan a desalojar el dominio público municipal ocupado, al tiempo que se les "ordena" la "demolición de las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el dominio público municipal ocupado".
Desde el Ayuntamiento son conscientes de que si bien la orden de cierre de actividad y desmantelamiento de las instalaciones está plenamente en vigor y es ejecutiva desde el momento en que la empresa haya sido notificada de la denegación de las medidas cautelares, al margen de la sentencia sobre el recurso administrativo presentado en contra, estas actuaciones "no van a ser inmediatas", según la concejala Claudia Costa. Para ello, la empresa debe presentar un proyecto de descontaminación del espacio ocupado y de desinstalación que debe ser aprobado primero por la conselleria de Medio Ambiente primero y por Urbanismo de Cort después.
En caso de que la empresa no cumpla con la orden, no se prevé que se le obligue a ejecutarla por la fuerza con la intervención de la Policía Local ni de ningún cuerpo de seguridad "porque no queremos que la empresa ponga por escudo a los trabajadores que no tienen la culpa de lo ocurrido", algo absolutamente legal y que consta en la orden de desahucio, sino que va a optar por la imposición de "multas coercitivas" cuya cuantía puede alcanzara "hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo". Asimismo, se indica que los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la empresaCosta ha recordado que el espacio público ocupado por ambas estaciones de servicio, además de no disponer desde hace años de ningún título habilitante para ello y de no abonar ninguna tasa ha frenado la ejecución de proyectos para la ciudad como es la construcción de un estacionamiento subterráneo en el subsuelo de la plaza Progrés contemplado en el Plan Especial de Santa Catalina.
Una de las principales razones de la empresa para oponerse al desahucio administrativo consiste en interpretar la supuesta vigencia de los títulos concesionales que habilitan la explotación comercial de estas estaciones de servicio, aduciendo que finalizan en 2034, algo que tambén ha sido rechazado por vía judicial, afirmando que la empresa "confunde reiteradamente el título habilitante par explotar una estación de servicio, con el que le habilita para la ocupación del dominio público". De hecho, una anterior resolución judicial confirma que el título habilitante que legitimaba a la empresa la ocupación del dominio público "finalizó y se extinguió" el 7 de noviembre de 2008".
