Los vecinos del edificio Pelícano, en Cala Major, no saben qué consecuencias tendrá en un futuro la sentencia judicial que determina que la licencia, que el Ayuntamiento de Palma otorgó para realizar unas obras, ahora ha sido declarada nula. Y es que el pronunciamiento judicial se produce cuando todas las obras que se realizaron bajo el amparo legal que les proporcionaba la licencia municipal, ya están terminadas. Ninguno de los propietarios se plantea que se pueda derribar la obra ya terminada, que no supuso ninguna ampliación del volumen del edificio, sino que consistió en el arreglo de la fachada y en el cambio de las barandillas de los balcones.
Fue una obra que se realizó pese a la oposición de una vecina, Cristina Amunategui, que llegó incluso a encadenarse al balcón de su casa para evitar que se cambiara la barandilla. Esta mujer, que después vendió su casa, interpretaba que el diseño de la nueva barandilla que había aprobado la comunidad de vecinos era poco segura, por la posición horizontal de los barrotes, que facilitaban que cualquier menor pudiera escalar y pudiera caerse al vacío.
Este edificio está ubicado en un lugar muy tranquilo de la barriada de Cala Major, pero ocupa un solar privilegiado con vista directa al mar. Es un inmueble construido hace ya más de medio siglo, cuenta con más de un centenar de apartamentos y muchos de sus vecinos son personas de avanzada edad, que buscan la tranquilidad, alejándose de los problemas. Aún así, que la licencia de obras se haya declarado ahora ilegal, más de diez años después de terminar la reforma, sí supone un problema para los vecinos, aunque ninguno es capaz de señalar las consecuencias que tendrá esta resolución judicial.
Los vecinos que estaban enterados de este conflicto coincidían en que debe ser el Ayuntamiento el que resuelva el problema. Ello se debe a que el juez ha anulado la licencia por un defecto de forma y no porque los propietarios hubieran cometido alguna irregularidad. Es más, insisten en que la obra se realizó según lo establecido en la licencia municipal y que los trabajos de reforma fueron controlados de una forma muy estrecha por los celadores, para que no se cometiera ni una sola irregularidad.
El juez que ha dictado esta sentencia, en realidad no entra a valorar si la licencia de obra era o no legal. Basa su resolución en un defecto en la tramitación a partir del momento en el que la propietaria que se encadenó al balcón solicitó una revisión de la legalidad de la licencia. Denunciaba que Cort no había pedido autorización, ni al Consell, ni a Demarcación de Costas, antes de autorizar la licencia. El Ayuntamiento no tramitó como debía esta petición de revisión, por lo que la licencia que otorgó se considera ahora nula.
Los propietarios se agarran, precisamente, a que se trata de un defecto administrativo y que debe ser Cort el que resuelva este problema, porque los vecinos siguen insistiendo en que la licencia fue legal y que si las obras se pudieron realizar, a pesar de una mínima oposición, fue gracias a esta autorización municipal.
Esperan que cuanto antes se pueda determinar el alcance de la decisión judicial, pero ninguno de ellos se plantea en estos momentos que las barandillas de los balcones que se modificaron en su momento, ahora se tengan que volver a cambiar. Además, tampoco se olvidan que la vecina opositora a las obras ya no vive en este edificio.
