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Cristina gana la batalla contra Cort por el balcón de su apartamento en Cala Major

La mujer que se ató a la barandilla de su casa logra que se anule la licencia de obras

Cristina Amunategui, en el balcón de su antiguo apartamento.

Ha sido una espera de casi diez años, pero al final la justicia le ha dado la razón. Cristina Amunategui, la propietaria de un apartamento del edificio Pelícano de Cala Major, que se encadenó al balcón de su casa para evitar que se cambiar la barandilla por otra menos segura, ha ganado la batalla judicial que emprendió contra el Ajuntament de Palma y contra la comunidad de vecinos. Una victoria que ha logrado cuando ella ya no vive en este edificio, porque hace años decidió vender su casa, cansada de los enfrentamientos que mantenía con los otros propietarios que apoyaban el cambio de las barandillas, instalando otro diseño.

La mujer, que trasladó su residencia a Asturias, ha conseguido dos sentencias favorables, que representan que se declare la nulidad de la licencia que Cort concedió en el año 2008 para realizar unos obras que suponía un cambio radical de la fachada de este edificio de Cala Major, situado en primera línea de costa.

La licencia se anula por un defecto en un proceso administrativo gestionado por el Ajuntament de Palma. Cristina Amunategui, en el año 2012, pidió a Cort que revisara la legalidad de la licencia, porque ella denunciaba que no se había solicitado la autorización del Consell de Mallorca, ni tampoco a la Demarcación de Costas de Balears. Además, denunciaba que la comunidad de propietarios se estaba aprovechando de una autorización para pintar la fachada del edificio, para cambiar la barandilla de los balcones, modificando el diseño que, a su juicio, aumentaba el peligro de poder precipitarse al vacío.

Esta propietaria defendía el diseño de la barandilla del balcón, tal como estaba cuando ella compró esta vivienda. El diseño era circular con barrotes verticales. En cambio, la comunidad de vecinos apostaba por un diseño de barras horizontales, que a juicio de Cristina, suponía un peligro porque facilitaba la escalada y aumentaba las posibilidades de caída, además de que cualquier ladrón podía trepar con facilidad hasta los apartamentos.

Los jueces, para resolver esta demanda, no han entrado a valorar si la licencia otorgada a la comunidad encajaba en la legalidad urbanística de la ciudad. La licencia se anula porque el Ayuntamiento de Palma no tramitó como correspondía la petición que planteó Cristina Amunategui para que se revisara la legalidad de dicha licencia de reforma de la fachada.

Este tipo de procedimientos de revisión de licencias están reglados y la administración está obligada a aceptarlos a trámite. Para resolverlos es necesario que se solicite un informe a un órgano consultivo, que en este caso sería el Consell Consultiu, antes de pronunciarse sobre la petición de la revisión. En este caso esta consulta no se hizo. El Ajuntament se limitó a afirmar que la licencia era del todo correcta, por lo que las obras de mejora de la fachada eran legales, sin solicitar el informe necesario al Consell Consultiu. Esta ha sido la causa principal por la que los tribunales aceptan la demanda que planteó esta propietaria, que supone que se declare nula la licencia que se otorgó en el año 2012 para el cambio del diseño de los balcones. Al mismo tiempo, esta nulidad también se extiende al decreto municipal, aprobado en el año 2014, por el que se concedía a los propietarios una prórroga de tres meses para que terminaran las obras.

De momento no se sabe qué tipo de repercusión tendrá esta decisión judicial que anula la licencia de obras, cuando esta decisión se adopta cuando los trabajos de mejora de la fachada ya están terminados.

Cristina Amunategui guarda muy mal recuerdo de esa etapa conflictiva, que le obligó a encadenarse al balcón de su casa. No se arrepiente de nada de lo que hizo y está dispuesta a seguir luchando, a pesar de que ya no vive en este edificio. De hecho, la situación se hizo tan insoportable que decidió marcharse a vivir a Asturias. Lo próximo que hará será denunciar al jefe de Urbanismo que otorgó la licencia.

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