El Real Club Náutico de Palma ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contencioso administrativo contra la Autoridad Portuaria de Baleares ante la desestimación por parte del organismo portuario de la solicitud para una ampliación de su plazo de concesión por un periodo de 20 años, solicitud que los servicios jurídicos del club cursaron basándose en el dictamen del Consejo de Estado de julio.

Ante la expiración del contrato del club el próximo 31 de diciembre, el recurso va acompañado de una petición de medidas cautelares para que el organismo portuario se abstenga de convocar un concurso público, así como que la autorización de ocupación temporal de sus instalaciones siga vigente mientras no exista una sentencia judicial firme sobre el caso.

Según la versión del Náutico de Palma, el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Jorge Nasarre, ha comunicado por escrito su voluntad de informar en contra de la permanencia del club más allá del 31 de diciembre de 2022, a pesar de que él mismo admite que los servicios jurídicos de Puertos del Estado consideran “procedente la continuación de los expedientes de ampliación de plazo y prórroga del título concesional que solicita el Real Club Náutico de Palma”.

Fuentes de la Autoridad Portuaria precisan, no obstante, que la institución aprecia, efectivamente, los argumentos jurídicos del Náutico de Palma sustentados en el informe del Consejo de Estado, pero niegan, basándose en nuevos informes solicitados a la Abogacía del Estado, que en arreglo a estos argumentos se pueda conceder al club una concesión con carácter retroactivo. Aunque a la vez añaden que la decisión final avanzada por Nasarre al club la comunicará el consejo de administración del propio organismo portuario.

El Real Club Náutico de Palma desea remarcar en este punto que no está reclamando ningún privilegio, sino el ejercicio de un derecho reconocido en la vigente Ley de Puertos del Estado que ha permitido la renovación de centenares de concesiones en todo el país y en la propia Autoridad Portuaria de Baleares.

Emérico Fuster, presidente del Real Club Náutico de Palma B. Ramon

Según el Náutico, la tesis de Puertos del Estado, que el director dela APB no comparte, tiene en cuenta, como se ha dicho, el dictamen de julio del Consejo de Estado y resuelve que la Autoridad Portuaria de Baleares debió modificar el título del club y transformarlo en una concesión demanial en 2003, toda vez que en esa fecha dejaron de tener validez jurídica los contratos de servicios en los puertos públicos.

Para Puertos del Estado, recuerda el Náutico, no cabe duda de que la Autoridad Portuaria debe corregir dicha anomalía, de la que es única responsable según el Consejo de Estado, algo a lo que no parece dispuesto su actual director, quien en su escrito dirigido al club afirma defender los “intereses legítimos de terceros” ante la posibilidad de convocatoria de un concurso público. Nasarre, no obstante, señala que , según sus informes jurídicos, no es conforme a ley otorgar una concesión con carácter retroactivo.

"La situación en la que nos encontramos es de frustración individual y colectiva", manifiesta Jaime Carbonell, director del Real Club Náutico de Palma. "No tiene ningún sentido que el director de la Autoridad Portuaria haya decidido archivar nuestra petición por su cuenta", lamenta.

Carbonell confirma que en la asamblea extraordinaria del próximo 29 de diciembre los 2.000 socios del club votarán la autorización de ocupación temporal de las instalaciones del club por un periodo de tres años, que lleva aparejada un incremento global de las tasas que pagan los socios de un millón de euros.