Cort abre un expediente sancionador contra la empresa que notifica las multas de tráfico

Por el momento, el expedidente afecta a la notificación de 20 sanciones en las que se han detectado la comisión de irregularidades de distinta naturaleza, aunque lo anterior no quiere decir, según el portavoz municipal, Alberto Jarabo, que en el transcurso de la investigación no se encuentren más expedientes irregulares. J

Jarabo ha recordado asimismo que este caso se encuentra judicializado a raíz de las denuncias presentadas por distintos ciudadanos ante la Policía Nacional, como consecuencia de las cuales se procedió a la detención de cuatro empleados de la empresa encargada de las notficaciones y que el procedimiento se encuentra pendiente de resolución judicial.

Pese a lo anterior, desde el Ayuntamiento, y como consecuencia de los recursos potestativos presentados ante la administración municipal por parte de varios afectados y tras haber recabado la correspondiente información a la empresa, se han estimado un total de 20 recursos presentados por distintos motivos por los que se impone a la empresa una multa de 200 euros como penalización por "el incumplimiento defectuoso del contrato, debido a notificaciones presuntamente incorrectas. A esta cantidad se añaden otros 2110 euros en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios.

El acuerdo se va a notificar a la empresa y se le da un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

Recursos estimados

Tal como se indica en el acuerdo, en un primer informe emitido el 23 de noviembre de este año por la directora financiera-tesorera del Ayuntamiento, se han estimado un total de nueve recursos correspondientes a 15 expedientes de multas de tráfico, en las que las personas interesadas han alegado notificaciones fraudulentas. Como consecuencia, se ha impuesto una penalización de 150 euros (a razón de 10 euros por multa mal notificada) a la empresa. A esta cantidad se suman otros 1.670 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios de las cantidades dejadas de ingresar por el Ayuntamiento.

El día siguiente, la misma unidad estimó irregularidades en otros cuatro expedientes cuyas notificaciones "resultarían incorrectas", de tal forma que se impone una multa a la empresa por este concepto de 40 euros y se le reclama una indemnización de 240 euros.

Por último, el pasado 28 de noviembre, se estimó un nuevo recurso potestativo de reposición, por no haber quedado acreditada la correcta notificación de la multa, por lo que se impone a la empresa una sanción de 10 euros y se le reclama una indemnización de 200 euros.

Actuación preventiva

Según Jarabo, el hecho de que hasta el momento se haya abierto el expediente sancionador contra la empresa con tan solo 20 multas mal notificadas, no está en contradicción con la información proporcionada por el Ayuntamiento el pasado 17 de noviembre, según la cual se han anulado ya un total de 1.581 multas de tráfico de las 8.457 impuestas entre 2019 y 2021 por los cuatro empleados de CI Postal que fueron detenidos el pasado año por la Policía Nacional por presuntos delitos de falsificación y revelación de secretos.

En este caso se trata de una "actuación preventiva" realizada como consecuencia de la revisión de las multas notificadas por estos empleados, sin que, por ello, se dispongan de las pruebas necesarias para iniciar una actuación sancionadora contra la persona o la empresa.

Se ha comprobado que de los 8.457 expedientes revisados, lo que representa un 2,37% de todas las notificaciones que se realizan en un año, 1.445 han sido pagadas en período voluntario, por lo que se presupone que los avisos llegaron en tiempo y forma. Otras 1.948 fueron abonadas en periodo ejecutivo y 980 más se paralizaron y ya han prescrito. Por tanto, un total de 1.581 multas han sido anuladas ya sea de oficio o por las alegaciones presentadas por los particulares. Las 3.479 pendientes se siguen revisando.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que los ciudadanos que se sientan afectados por la mala notificación de las multas soliciten su revisión o presenten un recurso. Se indica asimismo que, a raíz de las denuncias, se procedió a cambiar el sistema de notificaciones, encriptando, por ejemplo, el DNI para que no pudiera ser falsificado, y se anuló la prórroga de dos años que le quedaba a la empresa. Miantras tanto, y a la espera de una nueva adjudicación, se prorrogó el contrato a CI-Postal otros seis meses, tras comprobar que prescindir de sus servicios en este multiplicaría por seis el coste del servicio.

La mala praxis de la empresa a la hora de notificar las multas ha generado un gran malestar ciudadano y la constitución de dos plataformas de afectados que están estudiando la posibilidad de presentar una demanda conjunta ante los tribunales de justicia.