El acuerdo ha sido unánime. El pleno del Ayuntamiento de Palma ha acordado "el inicio de los trámites, la realización de los informes técnicos y los estudios patrimoniales necesarios con el fin de determinar si el edificio de El Bungalow puede ser protegido y, en un futuro próximo, catalogarlo". Mientras tanto, también se solicitará a la Demarcación de Costas que, mientras duren estos trámites, paralice cautelarmente todas sus actuaciones, que finalizarían además de con el cese de la actividad de restaurante que se realiza en este emplazamiento con la demolición del edificio.
La propuesta que finalmente ha sido aprobada es prácticamente calcada de la solicitada por el expresidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma y de la asociación vecinal del Coll d'en Rabassa, Joan Forteza quien, tras dos años ha intervenido en el pleno solicitando la protección de este inmueble en nombre de las dos entidades a las que representa "de la propiedad y los trabajadores, de las 800 personas que asistieron a la concentración del pasado día 6 de noviembre y en nombre de las 14.700 personas que con su firma han dado su apoyo a la conservación del edificio".
El acuerdo parte de la petición del grupo municipal del PP en la que solicitaban que el edificio del Bungalow se incluyera en el catálogo municipal de edificios histórico artísticos. Esta inclusión, no obstante, tal como ha razonado la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, probablemente no sería suficiente para evitar que, en aplicación de la Ley de Costas el edificio sea demolido, puesto que esta orden solo podía no ser efectiva en los casos en los que el inmueble situado el el dominio público tenga la consideración de Bien Catalogado (BC) o Bien de Interés Cultural (BIC), declaración que corresponde al Consell de Mallorca.
En su intervención, Joan Forteza, arropado por la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, Maribel Alcázar, ha razonado, entre otras cosas, que "la falta de un documento de concesión, no es de ninguna de las maneras una carencia insalvable", ya que se trata de una cuestión puramente administrativa, "que la propiedad está totalmente dispuesta a enmendar, asumiendo sus costes y los impuestos pertinentes". Asimismo, se ha preguntado por qué durante tantos años la Demarcación de Costas ha optado por el silencio administrativo, porque "nunca antes se les había comunicado oficialmente la necesidad de disponer de una concesión, que el el caso de una actividad permanente en un Dominio Público es del todo obligada".
El dirigente vecinal ha manifestado asimismo que "la ley no puede perjudicar más que beneficiar y, en el caso de El Bungalow, la aplicación de la ley perjudica mucho más que beneficia".
Asimismo ha recordado que los informes medioambientales que esgrime la Demarcación de Costas para justificar la demolición del edificio, "no son vinculantes, son optativos, como también lo son muchos otros argumentos a los que de momento están haciendo oídos sordos". Ha recordado asimismo que, "si bien las instituciones siempre deben tener en cuenta el respeto al medio ambiente, también también tienen que hacer posible el uso social del dominio público en el caso del Bungalow".
Ha recordado asimismo que se trata de una construcción con una antigüedad de más de 100 años, que "prácticamente no tiene impacto visual" y que está "totalmente integrada en el litoral entre las playas de Ciutat Jardí y el Penyó y que se trata de un negocio familiar con una antigüedad de más de 40 años y sin impacto visual.
