Para el ayuntamiento de Palma no cabe discusión alguna: las notificaciones de multas «se entregan correctamente», y hay «garantías» de ello. El sistema de codificación del DNI, las certificaciones que va facilitando CI Postal al Consistorio para demostrar que realiza las entregas, la geolocalización de los trabajadores o el continuo contacto con la empresa de reparto son algunas pruebas de que todo funciona como debería, según el Consistorio.
Lo explicó ayer el portavoz del ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, que insistió en que si algún ciudadano tiene dudas sobre su multa, debe reclamar para que se revise su caso concreto. De hecho, el departamento de Multas de Cort se ha reforzado con más personal estas últimas semanas para agilizar las consultas, aunque según Jarabo, pese a la polémica no se ha registrado un incremento de reclamaciones en multas de tráfico. «Los recursos que recibimos suelen rondar en torno al 5% del total de sanciones, y de momento esto se mantiene», aseguró.
Las cartas en Son Ferriol «se cayeron, alguien las recogió y las puso dentro del cubo»
El portavoz recordó que entre las miles de cartas que se hallaron en torrentes de Palma no había ninguna municipal. Y respecto a la decena de cartas que un vecino de Son Ferriol encontró en una papelera la semana pasada —que sí eran avisos municipales de CI Postal—, Jarabo destacó que fueron localizadas «en el entorno de las viviendas donde tenían que ser entregadas». En concreto, en un cubo de basura debajo de los buzones de un vecindario.
Aunque desde Cort están a la espera del resultado de la investigación de los agentes de la Policía Nacional (que se desplazaron al lugar, requisaron las cartas y levantaron un acta), Jarabo cree que los avisos no se introducieron en los buzones, «posiblemente porque el repartidor no encontró los nombres» o por algún otro motivo, después «se cayeron, alguien las recogió y las puso dentro del cubo». En cualquier caso, el portavoz insistió en que la Policía Nacional está investigando el asunto.
Jarabo también defendió que Cort actuó «desde el primer momento» en que se detectaron irregularidades por parte de CI Postal, y en este sentido subrayó que el propio departamento de Multas fue el primero en denunciar el problema en 2021.
Sistema de encriptado en la entrega
Desde entonces, explicó el también regidor de Justicia Social, se puso en marcha, entre otras medidas, un sistema para encriptar los datos personales con el fin de exigir a CI Postal más garantías en las entregas. Esto significa que el repartidor ha de revisar el DNI de la persona y anotarlo, puesto que no figura completo en el aviso, y por tanto alguien ha de recogerlo. Además, se le abrió un expediente sancionador a la empresa y se detuvo a varios trabajadores, por lo que se trata de un «proceso judicializado» y «hay que esperar» a que los tribunales dicten sentencia; mientras tanto «todo son teorías», alegó el regidor.
«Si el ciudadano lo considera, puede reclamar al Ayuntamiento. Se revisará si el recargo corresponde a una falta de comunicación correcta y si es así, se retirará el recargo, pero no la multa, y se podrá pagar con la reducción correspondiente», aclaró. En cualquier caso, el portavoz señaló que gran parte de los casos que se revisan son personas que están empadronadas en un lugar distinto al que viven, y por tanto no reciben el aviso de notificación en su casa.
