Fue una votación muy reñida con tan solo seis votos a favor, ocho abstenciones y el rechazo del representante del ayuntamiento de Palma, pero la Comisión Balear de Medio Ambiente aprobó ayer los informes ambientales correspondientes a los proyectos de restauración de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, situadas en Establiments.
La plataforma ciudadana No Toqueu Sa Garrigueta, integrada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, entidades como el GOB, y asociaciones vecinales de barriadas próximas a estas antiguas explotaciones han manifestado su «profunda decepción» con las administraciones implicadas en esta tramitación y, en palabras de la presidenta de la Federació de Veïns, Maribel Alcázar, si el proyecto de restauración es el que finalmente se aprueba, lo llevarán a los tribunales «por desprecio a la vida humana, vulneración de derechos fundamentales e incumplimientos del procedimiento administrativo».
La propuesta planteada por los representantes de Podemos consistente en la adquisición de estas explotaciones por parte de la Administración con fondos de la ecotasa finalmente no se formalizó ni concretó, por lo que no fue tenida en cuenta. El presidente de la comisión, Antoni Alorda, explicó que la comisión no puede pronunciarse al respecto si la propuesta no viene avalada por los respectivos informes técnicos ni por un proyecto d e restauración alternativo.
Si bien ayer los socialistas palmesanos no se habían pronunciado en relación a esta posible compra con fondos de la ecotasa, esta mañana el portavoz del PSOE-Palma, el concejal de Deportes Francisco Durcrós, manifestó que, en principio, se trata de una propuesta «interesante» e instó a la administración competente, que es «la dirección general de Industria», dependiente de una conselleria que está en manos de Podemos, a que redacte el proyecto alternativo y, en su caso, lo ejecute, porque «es la única administración que puede hacerlo»-
Por su parte, desde la Federación d’Associacions de Veïns de Palma consideran como «mal menor» esta posible solución porque, en palabras de Maribel Álcázar «un enfermo lo que quiere es que lo curen, independientemente del método que se utilice para ello».
No obstante, consideró que si finalmente se adopta esta solución se cometerá, como mínimo, «una inmoralidad» porque supondrá que unas empresas que han explotado durante años unas instalaciones sin permiso y que no han restaurado las canteras como era su obligación legal, «encima recibirán dinero de las administraciones».
El presidente de la comisión, Antoni Alorda, por su parte, recordó en la subcomisión técnica de la semana pasada que si hoy no se aprobaba el informe de impacto ambiental con las modificaciones introducidas, el proyecto aprobado sería el del pasado mes de enero. Entre otras cuestiones, los cambios introducidos por la subcomisión técnica y que se trasladan al acuerdo de ayer reduce de 30 a 20 los años necesarios para ejecutar el proyecto de restauración, mantenía en su lugar los 400.000 metros cúbicos de material existentes en este momento en la cantera, además de eliminar los rellenos previstos en las cotas más altas. La explotación también estaba condicionada al resultado de un estudio de movilidad que aún se debe realizar.
Industria deberá reclamar ahora los proyectos modificados a los promotores
Una vez que los actuales propietarios de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló han conseguido la aprobación del impacto ambiental del proyecto de restauración presentado, aunque con modificaciones que no se sabe muy bien si lo convierten en económicamente inviable o no, ahora la dirección general de Industria, dependiente de la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos de Juan Pedro Yllanes, tiene la última palabra.
Este departamento del Govern deberá requerir a los propietarios en el plazo de tres meses que aporten el estudio de movilidad que le impone el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, el informe correspondiente a que el proyecto cumple con el artículo 53 de la Ley de Residuos, un informe sobre la estabilidad de los taludes realizado por un ingeniero de minas, entre otros.
Como consecuencia de toda esta documentación requerida Industria podrá aprobar definitivamente el proyecto de restauración, modificarlo en algunos puntos o proceder a su archivo en el caso de que las empresas no presenten la documentación o que esta no sea la apropiada. La intervención modificada también deberá adaptar el proyecto de restauración a la prohibición expresa de realizar voladuras, la eliminación del relleno de las cotas más altas de la explotación, lo que supondrá que no se deberá aportar un millón de metros cúbicos de material en relación a los previstos, además de introducir la «inmovilización» de los 400.000 metros cuadrados del material ya extraído y que está depositado en la cantera.
En el caso de que finalmente se archive el proyecto Industria podría promover un plan de restauración alternativo a cuenta de los explotadores. Con posterioridad el Ayuntamiento deberá conceder la licencia de actividad.
