Ha sido una votación muy reñida con tan solo seis votos a favor, ocho abstenciones y el rechazo del representante del Ayuntamiento de Palma, pero la Comisión Balear de Medio Ambiente ha aprobado esta mañana los informes ambientales correspondientes a los proyectos de restauración de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, situadas en Establiments.

La plataforma ciudadana No Toqueu Sa Garrigueta, integrada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, entidades como el GOB, y asociaciones vecinales de barriadas próximas a estas antiguas explotaciones han manifestado su "profunda decepción" con las administraciones implicadas en esta tramitación y, en palabras de la presidenta de la Federació de Veïns, Maribel Alcázar, si el proyecto de restauracíón es el que finalmente se aprueba, lo llevarán a los tribunales "por desprecio a la vida humana, vulneración de derechos fundamentales e incumplimientos del procedimiento administrativo".

La propuesta puesta sobre la mesa por representantes de Podemos en esta comisión consistente en la adquisición de estas explotaciones por parte de la Administración con fondos de la ecotasa no ha sido tenida en cuenta al considerar su presidente, Antoni Alorda, que se trata de una propuesta que no viene avalada por los respectivos informes técnicos ni por un proyecto de restauración alternativo.

Si bien ayer los socialistas palmesanos no se habían pronunciado en relación a esta posible compra con fondos de la ecotasa, esta mañana el portavoz del PSOE-Palma, el concejal de Deportes Francisdo Durcrós, ha manifestado que, en principio, se trata de una propuesta "interesante" e ha instado a la administración competente "la dirección general de Industria", dependiente de una conselleria que está en manos de , a que redacte el proyecto alternativo y, en su caso, lo ejecute, porque "es la única administración que puede hacerlo"-

Por su parte, desde la Federación d'Associacions de Veïns consideran como "mal menor" esta posible solución porque, en palabras de Maribel Álcázar "un enfermo lo que quiere es que lo curen, independientemente del método que se utilice para ello". No obstante, considera que se cometerá, como mínimo, "una inmoralidad" si finalmente unas empresas que han explotado durante años unas instalaciones sin permiso y que no han restaurado las canteras como era su obligación legal, "encima la administración les de dinero".

Antoni Alorda, por su parte, recordó en la subcomisión técnica de la semana pasada que si hoy no se aprobaba el informe de impacto ambiental con las modificaciones introducidas el proyecto aprobado sería el del pasado mes de enero. Entre otras cuestiones, los cambios introducidos por la subcomisión técnica reduce de 30 a 20 los años necesarios para ejecutar el proyecto de restauración, mantenía en su lugar los 400.000 metros cúbicos de material existentes en este momento en la cantera, además de eliminar los rellenos previstos en las cotas más altas. La explotación también estaba condicionada al resultado de un estudio de movilidad que aún se debe realizar.