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Palmario

Un informe poco riguroso del fiscal jefe sobre vertidos

Imagen de uno de los doce buses eléctricos. Ajuntament

La memoria del fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, correspondiente al año pasado es, como mínimo, poco rigurosa cuando analiza la actuación del ministerio fiscal en relación a los vertidos de aguas residuales mezcladas con pluviales a la Bahía de Palma y afirma que, como consecuencia de la petición de cuatro años de cárcel contra la anterior presidenta y gerente de Emaya, Neus Truyol e Imma Mayol, respectivamente, las distintas administraciones se pusieron las pilas para comenzar a solventar este problema histórico. Con un simple repaso a la hemeroteca se puede comprobar que la fiscalía actuó por primera vez en este asunto en 2018, después de que un navegante, a título personal, presentara una denuncia por los vertidos. No obstante, tres años antes, en 2015, tanto el ya alcalde, José Hila, como Neus Truyol, en calidad de presidenta de Emaya, viajaron a Madrid para exponer el problema al ministerio de Obras Públicas, responsable desde al menos principios de los años 90 del siglo pasado de la ejecución de las inversiones necesarias para el saneamiento de la bahía de Palma. Con la conselleria de Medio Ambiente, las conversaciones para recuperar las inversiones del canon de saneamiento, eliminadas por el gobierno anterior del PP a partir de 2012, comenzaron también años antes de la denuncia del particular y de la actuación de la fiscalía.

Los primeros buses eléctricos llegarán a principios de 2023

Los primeros buses eléctricos de los doce adquiridos por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) llegarán a Palma a principios del próximo año. Ayer por la tarde el alcalde, José Hila, junto con el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, visitaron la fábrica de Irizar e-mobility de Aduna (Guipúzcoa) en la que se están construyendo estas unidades. Les acompañó Txema Otero, director comercial de la empresa.

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