Un grupo de conductores plantea un recurso conjunto contra Cort por las notificaciones de multas

Los vecinos denuncian que tuvieron conocimiento de las sanciones cuando ya se habían inflado con cuantiosos recargos por intereses de demora. Además, cuando fueron advertidos, las multas ya estaban en fase de ejecución y por tanto no eran recurribles.

En algunos casos, los recargos han llegado a duplicar y triplicar el valor inicial de dichas multas. Sabedores de que el ayuntamiento de Palma ha reconocido en varias ocasiones fallos en las notificaciones y ha expedientado a la empresa de reparto postal por incumplir el contrato de la licitación, los afectados reclaman tener la «posibilidad» de abonar el importe inicial de la sanción.

«Nuestra intención no es que suspendan las multas, sino recuperar el derecho de pagarla con reducción, que nos ha arrebatado por un fallo que no ha sido culpa nuestra», explica H.G., que tiene sanciones con recargos por valor de más de mil euros después de tres supuestas notificaciones que nunca llegaron. Los conductores afectados se han organizado a través de un grupo de Telegram, que de momento tiene 17 usuarios, con el fin de buscar la fórmula jurídica para exigir al Ayuntamiento que rectifique.

«Esperamos que se unan más afectados, sabemos que hay muchísimos», asegura H.G., que confía en que el grupo llegue por lo menos a treinta personas «para que el recurso tenga mucha fuerza».

Como se recordará, en febrero se detuvo a cuatro empleados de la empresa de reparto, entre ellos el principal responsable de la compañía en Balears, por no notificar multas a los vecinos de Palma. Los repartidores presuntamente falsificaban las firmas de los afectados para evitarse el trabajo de localizarlos. Desde entonces, Cort ha reconocido problemas con esta empresa privada en varias ocasiones, hasta el punto de sancionarla por incumplir el contrato y rescindirlo.

Sin embargo, en lo que se pone en marcha el nuevo pliego de condiciones y se asignan los trabajos a otra empresa, Cort ha prolongado el contrato con esta empresa seis meses más para «no interrumpir el servicio y crear un caos».

Aunque el Consistorio aseguró que vigilaría especialmente que la compañía cumpliera con los plazos de entrega, el aluvión de reclamaciones por este problema no cesa. Entre la multitud de usuarios afectados, a finales de agosto H.G. decidió crear un grupo para emprender acciones jurídicas contra Cort.

«No se exige la nulidad del procedimiento», insiste G.M., abogada y también afectada dispuesta a respaldar el recurso, «porque ese supuesto no entra tal y como está establecida la ley». «Pero sí pedimos recuperar nuestro derecho a la defensa, que se ha visto claramente vulnerado», argumenta G.M.: «El Ayuntamiento ha tenido un problema y parece que no es consciente de que ha repercutido de forma brutal en los ciudadanos. Todo esto tiene una cara B con nombres, apellidos y una nómina que no llega a fin de mes», continúa.

Los afectados tienen multas con precios inflados que castigan desde el exceso de velocidad hasta el incumplimiento del deber de identificarse como conductor o circular por zona Acire. En cualquier caso, todos pagarán —algunos lo han hecho ya— el importe que se les requiere y después tratarán de recuperar el dinero a través del recurso conjunto. «Somos vulnerables ante la Administración, no sé si podremos conseguirlo porque es su palabra contra la nuestra. Pero por lo menos, que se sepa lo que ha pasado», sentencia uno de ellos.

Además, en casos como el de G.M., el problema es incluso más grave, ya que podría perder otras bonificaciones por no estar al día con sus deudas tributarias: «Me dan una ayuda por familia numerosa y he estado a punto de perderla por esto». En cuanto supo lo que había pasado, G.M. se puso en contacto con el Ayuntamiento para saber si tenía más multas. Descubrió que tenía otras dos que tampoco le habían notificado.

Algunos de los afectados acudieron a Cort para reclamar y aseguran que incluso los funcionarios del área de Movilidad reconocen la multitud de reclamaciones que están llegando por el mismo motivo, pero «no pueden hacer nada». Otros han recibido la respuesta de que las multas se publican en el BOIB, una «excusa absurda», alegan en el grupo, porque «nadie desayuna leyéndose el Boletín Oficial y menos si no tiene ni idea de las sanciones».

Además, para estos conductores, Cort «juega con la lentitud de los procedimientos judiciales administrativos», conscientes de que conllevan mucho tiempo y los ciudadanos acaban optando por «pagar y olvidarse del problema». Este grupo de usuarios está decidido a llevar la causa «hasta el final» para que, al menos, se visibilice el problema y el «pasotismo» del Ayuntamiento.