Tres de cada cuatro alegaciones presentadas por asociaciones vecinales, entidades ciudadanas, administraciones y particulares serán aceptadas "total o parcialmente" y serán incorporadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma. Así lo ha asegurado esta mañana la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, en el transcurso del pleno extraordinario convocado a instancias de los grupos municipales del PP y Ciudadanos.
Tras cinco horas de discusiones con nueve comparecencias y 15 preguntas orales solicitadas a Neus Truyol; el teniente de alcalde de Movilidad, Francesc Dalmau; el de promoción Económica, Jordi Vilà; la de Participación Ciudadana, Claudia Costa; el de Deportes, Francisco Ducrós, y el propio alcalde, José Hila, el equipo de gobierno ha rechazado la propuesta del PP y Ciudadanos, apoyada por Vox y el concejal no adscrito Josep Lluís Bauzá, en la que se solicitaba que el Ayuntamiento adoptara "las medidas oportunas para invalidar la aprobación inicial del Plan General, proceder a la suspensión de su tramitación y acordar el inicio de una nueva revisión del planeamiento".
Ninguna de las medidas solicitadas por los grupos de la oposición ha sido aceptada por el equipo de gobierno aunque el alcalde, José Hila, ha asegurado que la propuesta de nuevo planeamiento no se aprobará definitivamente "si hay algún informe preceptivo y vinculante en contra", lo que no significa "la unanimidad absoluta", ha puntualizado.
Por su parte la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha afirmado que, de las 800 alegaciones presentadas se prevé estimar total o parcialmente mas de 500, aunque ninguna de ellas suponen un cambio sustancial del planeamiento propuesto. La teniente de alcalde recordó que en la aprobación inicial del planeamiento de 1998, en vigor actualmente y tramitado por el PP, se presentaron 1.327 alegaciones. Ante la insistencia de Ciudadanos y del PP sobre la inexistencia de informes favorables de los Servicios Hídricos, de Carreteras y de Patrimonio del Consell, Truyol aseguró que "llegarán en los próximos días o semanas, puesto que ya se les ha remitido la documentación que reclamaban".
Una de las alegaciones que se va a aceptar es la referente a la eliminación del nuevo urbanizable previsto en Son Sardina debido a la oposición vecinal que se plasmó incluso en la convocatoria de un referéndum, en la que se contemplaba la construcción de 400 viviendas. A preguntas del concejal del PP Julio Martínez, sobre dónde se ubicarían estas viviendas que se eliminan de Son Sardina, Truyol ha manifestado que representan "el 1% del total de las previstas" por lo que se prevé que se "difuminen" en las zonas ya consolidadas, sin que ello suponga asignarlas específicamente a ningún urbanizable concreto.
La portavoz del PP, Mercedes Celeste, ha manifestado que con el grado de contestación de este Plan General, si se prosigue su tramitación, "está cercenando el derecho de los ciudadanos a pronunciarse" y ha recordado la afirmación del concejal conservador Guillermo Sánchez, en relación a que el 80% del proceso participativo que se recoge en la documentación se corresponde con el realizado en 2014 con el avance de planeamiento propuesto por el PP y en realidad ahora solo han participado poco más de 90 personas.
El concejal conservador Julio Martínez ha pedido al equipo de gobierno que "reflexione" sobre el nivel de aceptación de su propuesta", puesto que "incluso el colegio de Arquitectos les ha dicho que no utilicen ideológicamente el Plan General" y que no se "precipiten con su aprobación, porque sino acabará en los tribunales".
La portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha recordado que su grupo ha presentado 33 alegaciones, entre ellas una que plantea un eje cívico que va desde Portopí hasta el Fortí con una superisla incluida, que su grupo también plantea una "ciudad compacta", aunque ha augurado que "este Plan General va a ser uno de los mayores fiascos de esta ciudad". Ha reivindicado "un Plan General del siglo XXI "no la insensatez que han presentado".
Por último, Fulgencio Coll, de Vox, ha justificado su apoyo a la paralización de la tramitación porque "este Plan General no es el que Palma necesita, impone criterios ideológicos y no es realista".
