La moda de las piscinas no es nueva, y la polémica que genera tampoco. Si bien es cierto que el frenetismo de los últimos años resulta inaudito; en la isla se construyen 17 a la semana y una media de 880 cada año, según un estudio de la plataforma Terraferida que ha vuelto a poner la cuestión en el centro del debate. Palma, según este informe, ha construido como mínimo 448 piscinas en los últimos seis años, convirtiéndose en el municipio que más tiene en toda la isla.
La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Bueno, también ha percibido este aumento: «En Palma casi todas las nuevas promociones de viviendas ya tienen piscina». La fisonomía del mercado inmobiliario ha virado en los últimos años, explica Bueno, y se orienta ahora hacia los inversores del centro y el norte de Europa, en especial a los perfiles de alto poder adquisitivo. Entre sus ‘imprescindibles’ se encuentran las piscinas, en especial después de una etapa de confinamiento que ha cambiado la concepción del hogar.
Por eso, continúa la presidenta de los API, a día de hoy, «el plus del valor de venta que da una piscina supera el coste de construirla», puesto que los propietarios están dispuestos a desembolsar cantidades considerables con tal de contar con este lujo. «Y si no la tienen, se la construyen, por pequeña que sea», subraya Bueno, que a su vez indica que en Palma, sobre todo, se han multiplicado las piscinas en áticos y en terrazas comunitarias de uso privativo.
Esta realidad genera un debate que no deja a nadie indiferente, y eso también lo ve la responsable de los API: «Desde el punto de vista de la sostenibilidad es inviable que todos tengamos una piscina de uso propio, pero también creo que limitarlo va en contra del libre mercado», razona.
Por su parte, el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover, defiende el polemizado estudio: «En el centro histórico de Ciutat se construyen piscinas a un ritmo alarmante, al igual que en los cascos antiguos de otros municipios como Sóller», explica. Aunque Palma tiene un problema añadido: «Hace tiempo que la ciudad se abastece de las desalinizadoras. En un contexto de emergencia climática y sequía como este, no podemos permitirnos el excesivo consumo que generan las piscinas», considera Adrover.
A todo esto se le suma el «consumo energético» que conllevan, dado que «funcionan con motores y depuradoras», recuerda el ecologista. También el «perjudicial uso de productos químicos que requieren, como el cloro», unos compuestos que «han doblado su precio en el mercado el último año por la enorme demanda» e incluso han generado el interés de grandes multinacionales que estudian asentarse en Mallorca por la cantidad de piscinas que hay (cerca de 50.000, según la plataforma).
En cambio, el arquitecto Esteve Torres Pujol, director de su propio estudio de arquitectura en Palma, insiste en que limitar o prohibir estas instalaciones atentaría contra la libertad de los ciudadanos y su derecho a edificar, además de vulnerar el derecho de libertad profesional de los arquitectos.
«Se demoniza a las piscinas y no son el enemigo, el problema es el mal uso que se les da», dice Torres. «Me considero ecologista como el que más», aclara, pero considera que la solución sostenible no es privar a los propietarios de construir su vivienda como quieran, sino regular su uso.
Tapar las piscinas en determinadas épocas del año para evitar el exceso de evaporación de agua o modificar el tratamiento químico del líquido para disminuir su impacto ambiental son algunas de las soluciones que propone el arquitecto, que en cualquier caso admite que «hay un claro problema con los recursos hídricos» que tiene que solventar la Administración, «pero sin que paguen por ello los ciudadanos».
De hecho, «quien realmente hace un mal uso del agua», añade Torres, «son las instituciones, con una pésima gestión del alcantarillado y de la recogida de pluviales», una cuestión que «habría que resolver antes de empezar a restringir derechos», sentencia el profesional.
Con todo, pese a la oposición de ciertos sectores, cabe recordar que el nuevo Plan Hidrológico obliga a ayuntamientos y consells a que cuando impulsen modificaciones urbanísticas apliquen medidas para poner límites a la construcción de nuevas piscinas en Mallorca.
«El planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales relacionadas con el uso y ahorro de agua, al efecto de gestionar la demanda, deben contemplar medidas respecto a la limitación de la construcción de piscinas y la limitación del uso de agua de las redes municipales para rellenarlas», apunta el texto del Plan Hidrológico, una norma de rango superior.
