Un total de 146 lanzamientos sobre viviendas han sido detenidos en Palma entre enero y julio, el 57,7% de los 253 que estaban programados por medio de demanda judicial, según los datos de la Oficina Antidesahucios del ayuntamiento de Palma.

Del total de lanzamientos programados, 193 eran por impago de alquiler, 14 de hipoteca, 46 por ocupación y 15 por otros motivos.

Por distintas vías, desde 2015 se han parado en Palma 1.766 lanzamientos, el 64,8% de los 2.724 programados por las autoridades judiciales.

En los siete primeros meses del año, la Oficina Antidesahucios (OAD) ha emitido 140 informes de vulnerabilidad, de los que 75 los han realizado trabajadores sociales o bien por iniciativa de los usuarios, ha detallado el consistorio en un comunicado.

Los otros 65 se han elaborado en aplicación del Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que prevé que el juzgado solicite dicho informe de vulnerabilidad a los servicios sociales municipales para suspender temporalmente un desahucio.

Desde 2015, la OAD ha tramitado 796 informes de vulnerabilidad. El año con más informes fue 2021, con 393, debido al impacto social y económico de la pandemia de coronavirus, según el balance de este organismo dependiente del Área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad.

Las suspensiones de los desahucios son temporales y muchas de las familias (aproximadamente unas 300) han estado pendientes en los últimos 20 meses de las prórrogas de suspensión de los desahucios que ha aprobado el Gobierno central, la última en junio pasado y que durará hasta el próximo 31 de diciembre.

El Área de Modelo de Ciudad valora las medidas para evitar la pérdida de la vivienda, pero reclama «mecanismos más estables para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna» y que se agilicen la tramitación de la ley estatal de vivienda y el despliegue de la normativa balear.

En la primera mitad de este año se han gestionado 494 expedientes: 51 relacionados con hipotecas y 320 con alquiler (93 han sido por ocupaciones y 30 con otras casuísticas).

Ha habido un aumento de los expedientes de alquiler en proporción a años anteriores, algo que preocupa al director general de Vivienda, Josep Maria Rigo porque «refleja la situación de emergencia habitacional que sufre Palma».

En julio se han abierto 43 expedientes y se han cerrado otros 23.

Por barrios, las zonas con más expedientes son Son Gotleu, Pere Garau y Foners; y con menos son la Calatrava, Son Sardina y el Puig de Sant Pere.