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El Puerto de Palma no tendrá una ordenanza para el control de vertidos hasta 2023

Los cruceros derramaron más de un millón de toneladas de sustancias tóxicas en la bahía de Palma el pasado 2019 - Las autoridades portuarias aseguran que la movilidad marítima representa un 15% de la contaminación aérea de la ciudad =

Ramon Perpinyà, Maria Antonia García, Francesc Antich y Pep Malagrava. Ministerio de Transporte

El Puerto de Palma no posee una ordenanza para el control de vertidos por escape de ciclo abierto y no la tendrá hasta 2023. Así lo afirmó ayer el jefe de Departamento de Calidad, Medio Ambiente, Innovación y RSC, Jorge Martín, en declaraciones a este diario.

«No está prohibido pero tendrían que garantizarme que no van a alterar el potencial ecológico del agua», aseguró Martín. Es la demanda que exigen las autoridades portuarias de Palma a los cruceros que acceden al puerto con este tipo de escape. No obstante, este requisito es «prácticamente imposible de cumplir», por lo que «se prohíbe la entrada de estas embarcaciones» al puerto, con el riesgo de que algunas no admitan su alto nivel de contaminación a las autoridades.

 Por otra parte, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su artículo 62, prohíbe los vertidos o emisiones contaminantes procedentes de buques o de medios flotantes de cualquier tipo. Según declaraciones de Martín, «no está claro» qué hacer cuando estos barcos justifican este vertido en sus maniobras de entrada y salida.

Sin embargo, y a pesar de estas regulaciones, un informe del International Council on Clean Transportation (ICCT) indica que más de un millón de toneladas esos vertidos contaminantes llegaron a la bahía de Palma en 2019.

Debido a que el puerto sigue recibiendo esta cantidad de contaminantes, las autoridades portuarias buscan crear una ordenanza que prohíba con «mayor fuerza» la entrada de estos buques. Una ordenanza que, aseguró Jorge Martín, debería estar aprobada este 2023. No obstante, es un proyecto en el que «no se ha trabajado urgentemente porque ahora mismo no representa un riesgo», afirmó, ya que «nadie» esta usando estos escapes de ciclo abierto.

Nuevos estudios demuestran que la movilidad marítima constituye un 15% de la contaminación aérea. Gracias a la mejora de las redes de medidores, se ha conseguido un mayor aporte de datos que han permitido analizar de forma más avanzada los gases aéreos esparcidos por el Puerto de Palma, explicó la Autoridad Portuaria ayer en una rueda de prensa.

La bahía de Palma cuenta con ocho sensores que examinan los gases contaminantes y envían una alerta cuando se detecta un aumento de los niveles. Dichos sensores han demostrado que las embarcaciones que producen una mayor emisión son los ferris, no los cruceros, ya que de este tipo de embarcaciones circula un número más elevado. Jorge Martín destacó que los vehículos terrestres «pueden modificar los niveles», al igual que lo pueden hacer corrientes de aire que traigan gases de la central térmica de Maó.

Sin embargo, con estos sensores se ha podido comprobar que los resultados de contaminación están por debajo de los niveles establecidos por la legislación vigente.

Durante la rueda de prensa se destacó el proyecto estrella: el sistema de cold ironing en los puertos de Palma, Eivissa, Maó y Alcúdia. Este proyecto pretende conectar los ferris a la red eléctrica terrestre para reducir la emisión de gases durante la espera y las operaciones de desembarco y embarque. De esta forma, estos navíos podrán mantener su maquinaria apagada, lo que evitaría, además, el impacto sonoro que estos barcos producen.

Por otra parte, «es necesario rediseñar Mallorca, pensando en que las energías renovables se puedan implantar de una manera, paisajísticamente, correcta» aseguró M. Antonia García, consellera insular de Territorio, como uno de los proyectos que va de la mano de las soluciones presentadas en la rueda de prensa.

El director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Pep Malagrava, presentó también el convenio de colaboración entre diferentes instituciones en materia de calidad del aire de Palma, en el que participarán la APB y la AENA.

Por último, se instalará una oficina medioambiental para supervisar todos los proyectos e impulsar medidas en todos los ámbitos portuarios.

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