La fiscalía de Balears pretende que Neus Truyol, teniente de alcalde de Cort y responsable del área de urbanismo de Palma, termine en prisión por no haber resuelto el histórico problema de los vertidos de aguas fecales en la bahía. Truyol será juzgada por un delito contra el medio ambiente, no por su gestión en la actual área que dirige, sino por su anterior cargo como presidenta de Emaya. El fiscal le reclama una condena de cuatro años de cárcel por este delito medioambiental por los vertidos de aguas sucias en el mar, así como una pena de inhabilitación, que le impediría seguir ejerciendo un cargo público, durante un periodo de tres años. También se le impone una fianza de 12.960 euros, que si no paga, se le embargarán sus bienes.
Truyol se sentará en el banquillo de los acusados, después de que el juez hubiera decretado ayer la apertura de juicio oral. No estará sola en el banquillo. La acompañará la que fuera gerente de Emaya, Inma Mayol, que también está acusada del mismo delito contra el medio ambiente y a quien la fiscalía le reclama cuatro años de prisión, más tres de inhabilitación. Los otros acusados son trabajadores de la empresa municipal, que pertenecen al departamento de aguas, para los que reclaman penas de dos a tres años de prisión.
La fiscalía de Medio Ambiente justifica esta propuesta de pena de cárcel contra Truyol por no haber adoptado las medidas adecuadas para impedir que los vertidos de aguas residuales y pluviales, ambas contaminantes, terminaran en la bahía de Palma. Si bien es cierto que se trata de un problema muy antiguo, porque la depuradora de Palma está anticuada y carece de la capacidad de asumir todas las toneladas de aguas residuales que se generan, la acusación pública sitúa el delito medioambiental a partir del año 2016, que es cuando Truyol y su equipo se hacen cargo de la gestión de la empresa Emaya. Considera el fiscal que no se adoptó una solución adecuada al problema, lo que generó un nivel alto de contaminación de las aguas de la bahía y que ocasionó la destrucción de una amplia pradera de posidonia. Fiscalía se basa en los informes técnicos y en las investigaciones que ha realizado la Guardia Civil, que ha constatado el nivel de contaminación de las aguas, realizado a través del análisis de una serie de muestras.
Los responsables políticos que se sentarán en el banquillo de los acusados siempre han defendido su gestión al frente de Emaya, señalando que a partir del año 2016 por primera vez se afrontó el problema de los vertidos de aguas fecales a la bahía, que hasta ese momento se había escondido. Los antiguos gestores de Emaya sostienen que la solución pasa por construir una nueva infraestructura, que tendría un coste aproximado de unos 500 millones de euros, presupuesto con el que no cuenta ni Emaya, ni el ayuntamiento de Palma, por lo que se requiere la ayuda de fondos del Estado. Neus Truyol aportó informes al juez, que explicaban todas las actuaciones que se habían realizado para solucionar el problema y que, a su juicio, había reducido el nivel de vertidos. Informes que señalaban los cambios que se habían hecho y las inversiones dedicadas a solucionar las averías más urgentes sobre una instalación antigua que fue construida en la época de los años 70. Además, se cerraron las playas cada vez que se producía un vertido.
Estos informes no han convencido a la fiscalía, ya que basa su acusación en la investigación policial, que contó con registros en la sede de Emaya y en el domicilio particular en Barcelona de Inma Mayol, donde se intervino el ordenador y su teléfono móvil.
El auto de apertura de juicio oral dictado ayer por el juez de instrucción 12, Santiago Pinsach, no se puede apelar. Por tanto, la anunciada candidata de Més a la alcaldía al ayuntamiento de Palma tendrá que defender su gestión frente al magistrado que la juzgue. El juicio se celebrará ante un juzgado de lo Penal de Palma. Todavía no se ha señalado la fecha del juicio.
