La plataforma ciudadana Salvem sa Garrigueta Rassa, integrada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, las entidades vecinales Nova Son Roca, Establiments, Son Anglada, Secar de la Real, Son Rapinya, Son Espanyol, Son Roqueta, Son Llull-Son Serra-La Vileta, el GOB, Terraferida, Ciutat per Qui l'Habita, Amics de la Terra y Joventud pel Clima, celebra que la propiedad de la cantera, Terral Holding, haya aceptado rehacer el proyecto de restauración presentado, "al entender que no pueden mantener estos proyectos que, además de crear graves perjuicios a la población del entorno son incluso inviables, por lo que se está a la esperar de la presentación de proyectos alternativos más acordes con las posibilidades reales y del entorno".
No obstante, recuerdan que no tienen confirmación oficial de esta "renuncia" por lo que han solicitado al presidente de la comisión Balear de Medio Ambiente del Govern Balear, Antoni Alorda, que les comunique formalmente la situación de la tramitación de este expediente, que incluye también la restauración de la cantera vecina de Can Rosselló.
A la espera de esta comunicación formal, desde la plataforma entienden que estas modificaciones tienen la consideración de "sustanciales", por lo que es preciso conocer las distintas fases del proceso administrativo para su tramitación. Ello implica, según la plataforma, conocer los plazos para la presentación de las modificaciones, si se volverá a abrir un nuevo proceso de información al público con la posibilidad de presentar alegaciones que les permita conocer detalladamente la propuesta, además de una nueva valoración por parte de Medio Ambiente. También solicitan que se les informe directamente de cada etapa y participar de nuevo en la subcomisión técnica y en el pleno de la comisión de Medio Ambiente.
Desde la plataforma valoran "muy positivamente" que se haya aceptado la inviabilidad de los proyectos presentados y esperan que "se entre en una nueva etapa que tengan en cuenta las necesidades del entorno y vecinales de las canteras". Advierten, no obstante, que se mantendrán "activos y vigilantes" en relación a las nuevas propuestas, deseando que "sean armoniosas con el entrono con el fin de poner punto final a la situación de conflicto, pero también conscientes de que por fin las empresas defienden sus intereses económicos y son las instituciones públicas las que deben velar y garantizar el respeto a las necesidades de los ciudadanos".
