La Associació per a la Revitalització dels Nuclis Antics (Arca) rechaza la propuesta plasmada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma en relación al antiguo acuartelamiento de Son Busquets. La entidad proteccionista considera que la ordenación que se propone y se plasma en la ficha del nuevo planeamiento para esta zona que sigue siendo propiedad del ministerio de Defensa "es muy deficiente para los objetivos deseables".
En concreto, consideran que una planificación adecuada de este espacio de más de 300.000 metros cuadrados que da a las carreteras de Valldemossa y Sóller y en el que se prevé la construcción de 831 viviendas de protección oficial, requiere "proteger patrimonialmente los elementos relevantes del cuartel", porque lo que se propone en el PGOU en este aspecto "es insuficiente", puesto que "solo se señalan algunos (no todos) los elementos existentes y sin ninguna directriz". Asimismo, también se requiere "planificar el futuro del espacio con equipamientos, viviendas y zonas verdes, entre otros".
La entidad proteccionista recuerda que desde hace años pide la conservación de este antiguo cuartel de artillería ya que sigue conservando actualmente "elementos de especial interés en el ámbito arquitectónico e histórico". Al respecto, recuerdan "las numerosas reuniones que ha tenido la entidad con distintas autoridades políticas par hacer efectiva esta propuesta
Consideran que la descripción de la ficha urbanística que figura en el nuevo Plan General es "decepcionante" y recuerdan que "Son Busquets constituye una superficie muy grande y muy importante para Palma", por lo que "necesita una actuación urbanística seria que empiece por la catalogación adecuada de los edificios y espacios de valor cultural del cuartel, sin que ello sea incompatible con la dotación de viviendas y equipamientos para la ciudad", tal como se demostró "en el concurso de proyectos de rehabilitación organizado por Joves Arquitectes de Mallorca".
Insisten en que la construcción de viviendas y equipamientos en esta zona "es perfectamente compatible con la conservación de sus elementos patrimoniales", por lo que consideran que todo lo anterior "debe estar bien recogido en el Plan General, porque, si no es así, el trabajo ciudadano que hemos realizado para valorar este espacio singular, que es una gran oportunidad para la ciudad, se puede truncar por falta de sensibilidad y criterio de quien pueda intervenir en un futuro".
A juicio de esta entidad, la ficha urbanística que el PGOU plantea para este espacio "es insuficiente" porque "deja fuera elementos singulares que se deberían conservar como la gasolinera, los edificios de viviendas que dan a la carretera de Valldemossa, algunas de las garitas del antiguo acuartelamiento, algunos talleres y referencias a la zona de huerto y la plaza de armas", que sí deberían contemplarse.
Recuerdan que, tanto si los terrenos son de propiedad pública o privada, "es potestad del Ayuntamiento y su obligación, una ordenación urbanística correcta",
Asimismo afirman que "la memoria económica del plan no puede desconocer el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el ministerio de Defensa.
En relación a las alegaciones presentadas por la dirección general de Vivienda del Govern, que reclaman que se retrotraiga la ordenación de la zona al acuerdo alcanzado con el gobierno municipal de Aina Calvo en el que se reducía prácticamente a la mitad la edificabilidad que se permitía inicialmente en la zona además de establecer que todas las 831 viviendas permitidas serían de protección oficial, son "disconformes con la legalidad". Consideran que ello es así porque "parten de la idea de la construcción indiscriminada de viviendas, lo que es falso y poco coherente con las medidas de protección del territorio y del patrimonio cultural". Recuerdan asimismo que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Son Busquets "arrasaba el antiguo acuartelamiento y lo dejaba como un solar vacío". Asimismo critican la descoordinación entre administraciones que esta dirección general haya presentado alegaciones que van en contra de la línea mantenida en los últimos años tanto por el Govern como por el Ayuntamiento de Palma.
