Ha habido unanimidad en el Ayuntamiento de Palma a la hora de renovar el Pacto para la Inclusión social con la Red que aglutina a 27 entidades, entre las que se incluyen asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción, entre otras, que trabajan en favor de los colectivos más desfavorecidos de la ciudad. Todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, incluyendo Vox, han renovado este pacto, firmado por primera vez en el pasado mandato y que tiene como objetivo la mejora de la situación de las personas en riesgo de pobreza, además de fortalecer el trabajo de las entidades sociales.
El documento establece tres líneas de actuación. En primer lugar, se incluyen actuaciones orientadas a la inclusión social de las personas en riesgo o situación de pobreza o exclusión. En este apartado se pretende priorizar la reducción de la pobreza y la integración social y laboral de estos grupos de personas y garantizar que las políticas económicas no generen más pobreza y desigualdad. También se ha plasmado el compromiso, dentro de las competencias municipales, en garantizar la igualdad de acceso a derechos, recursos y prestaciones.
Igualmente se insta a Cort a llevar a cabo iniciativas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, también dentro de sus competencias y a la aplicación de planes integrales de desarrollo comunitario con el fin de avanzar hacia la convivencia, la interculturalidad y la plena ciudadanía. Asimismo, los firmantes se comprometen a ampliar y consolidar los servicios y programas de formación, orientación e inserción laboral de colectivos vulnerables, además de promover la autonomía personal de los mayores y su inclusión social.
En otro bloque se incluyen medidas para garantizar la estabilidad y la atención de las entidades a las personas con riesgo social y a financiarlas adecuadamente. En este apartado los firmantes se comprometen a impulsar el proceso de concertación de servicios sociales y, en, en caso de que la concertación no sea posible, sustituir las convocatorias anuales de subvenciones por plurianuales. Igualmente, se adquiere el compromiso de garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del ámbito de la inclusión social, promover la contratación pública con las entidades sociales sin ánimo de lucro y empresas de inserción y garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley del Tercer Sector de acción social, la Ley de servicios a las personas en el ámbito social y la del voluntariado.
Un último bloque de medidas está relacionado con actuaciones tendentes a la simplificación administrativa con el fin de facilitar la relación entre las entidades sociales y la administración con el compromiso de simplificar la tramitación de las convocatorias en el ámbito de la inclusión social, mantener los mismos criterios durante todo el proceso, sin cambios de interpretación que puedan perjudicar a las entidades y unificar en todas las administraciones las acreditaciones que se solicitan a las entidades.
La red para la inclusión social, firmante del pacto junto a todos los grupos municipales con representación en Cort, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2005. La organización cuenta en estos momentos con 27 entidades, que atienden anualmente a más de 1.500 personas, con más de 2.100 trabajadores y más de 4.000 voluntarios y que generan un movimiento económico de unos 65 millones de euros. Con la renovación del Pacto, Cort reconoce el importante papel que las entidades que conforman la red tienen para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables.
