El ayuntamiento de Palma ha presentado un recurso ante la Audiencia contra la medida cautelar impuesta por un juzgado de instrucción que le ordenaba limpiar el enorme vertedero ilegal que se ha instalado durante los últimos años en la finca Son Güells, al lado de la Vía de Cintura. Los representantes jurídicos de Cort arguyen que entre la ingente masa de 1.500 metros cúbicos de residuos que se acumulan sobre una superficie de más de 5.000 metros cuadrados hay restos de amianto, un material cancerígeno, por lo que debería ser la conselleria de Medio Ambiente la que gestionara su retirada.
La existencia del vertedero ilegal de Son Güells había sido denunciada reiteradamente por los vecinos de la zona y el mismo ayuntamiento de Palma. De hecho, la agencia de detectives Cabanach realizó una investigación con ayuda de drones de última generación, que le permitió calibrar la enorme cantidad de residuos que se habían depositado en la zona a lo largo de los últimos ocho años. En el vertedero, que se extiende sobre un área de más de 5.000 metros cuadrados, se acumulan más de 1.500 metros cúbicos de desechos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevó a cabo una investigación que permitió confirmar que el vertedero estaba controlado por un clan familiar, que ofrecía la posibilidad de arrojar desechos en la zona por un precio muy inferior a los de la empresa autorizada para gestionar estos residuos. De hecho, tenían colocados carteles en la zona con una tarifa de 50 euros por vertido.
Fue el principio de la operación Stercus, que culminó a finales de mayo, cuando un gran contingente de guardias fuertemente armados tomó la finca y realizó una detenida inspección ocular para calcular la gravedad de los vertidos. Fueron detenidas seis personas como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente.
Se calcula que en el área de 5.000 metros cuadrados hay más de 1.500 metros cúbicos de residuos
En estas inspecciones se comprobó que los vertidos no se habían limitado al descampado, sino que las antiguas casas de la zona estaban repletas, con varios metros cúbicos de desechos en su interior. Algunas de estas edificaciones estaban cerradas y bloqueadas, lo que imposibilitaba comprobar qué es lo que había dentro. Las catas realizadas confirmaron que tras años de vertidos incontrolados se habían producido filtraciones que habían contaminado los acuíferos de la zona.
El caso quedó en manos del juzgado de instrucción número 4 de Palma, cuya titular ordenó al Ayuntamiento que se encargara de forma cautelar de restaurar la zona a su estado original.
Sin embargo, Cort ha presentado recientemente un recurso al comprobar que entre las toneladas de desechos hay una gran cantidad de fibrocemento, que contiene amianto. Se trata de un material cancerígeno cuyo tratamiento requiere de medidas especiales de seguridad, por lo que entiende que las competencias para su retirada corresponderían a la conselleria de Medio Ambiente.
A día de hoy, seis meses después de la entrada de la Guardia Civil en el vertedero, hay unas barreras que impiden la entrada en la finca, pero la zona sigue cubierta de desechos.
