Las 19 parcelaciones rústicas ilegales que el nuevo Plan General de Ordenación (PGOU) de Palma permite su regularización urbanística mediante su declaración como Núcleo Rural, no podrán disponer de redes de agua potable ni residual de nueva construcción.
En las normas urbanísticas que acompañan el nuevo Plan General se establece que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley Urbanística de les Illes Balears las infraestructuras de servicios que se deben prever en los núcleos rurales tendrán como objetivo «la preservación de las condiciones medioambientales». En consecuencia, «no se podrán implantar redes infraestructurales propias del suelo urbano que pongan en riesgo de transformación la naturaleza rústica del ámbito».
Por ello, con carácter general, se establece que los núcleos que no dispongan de redes de agua potable el suministro se realizará mediante «camiones de abastecimiento». Por contra, en aquellos núcleos rurales que dispongan de red, «se admitirá la conexión individualizada de las parcelas», aunque condicionada «a la construcción de un aljibe en su interior».
Para la evacuación de aguas residuales en los núcleos que no cuenten con red «deberán disponer de sistemas autónomos de tratamiento», que se ejecutarán «de acuerdo con los sistemas (naturales) autónomos de depuración». En el caso de la red eléctrica, en los núcleos que cuenten con este servicio se permitirá la conexión a la existente, sin posibilidad de su ampliación. En el caso de sustitución se deberá proceder al soterramiento de las conducciones.
La mayoría de casas son ilegales, aunque no se puede ordenar su demolición porque los plazos han finalizado
Si no disponen de red, deberán cubrir la totalidad de su consumo eléctrico mediante sistemas de generación renovable de autoconsumo. El alumbrado público será mediante la colocación de luminarias de bajo impacto paisajístico.
Por lo que respecta a la red viaria, se mantendrán las anchuras ya ejecutadas, aunque con reserva de espacio para peatones. Desde Modelo de Ciudad, puntualizan que el hecho de que alguna o numerosas edificaciones que integran el Núcleo Rural no cuenten con autorizaciones en origen «no es obstáculo para el reconocimiento del conjunto del asentamiento», aunque la situación jurídica de cada edificación «se deberá analizar individualmente en el momento de la solicitud de licencia de legalización o reforma». Igualmente, se recuerda que no se puede ordenar su demolición, porque la mayoría fueron edificadas antes del Plan General de 198.
