El titular del juzgado de instrucción número 4 de Palma ha ordenado a Cort que proceda a la clausura del vertedero ilegal de Son Güells, ya sea mediante el cierre perimetral de la parcela o con la colocación de elementos que impidan el acceso de vehículos a la propiedad. Asimismo, se deberá proceder al inicio de la limpieza y a la retirada del material acumulado y la remoción del suelo que pueda estar contaminado por lixiviados.
Igualmente, en el mismo auto por el que el juez acepta la adopción de medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y el Seprona, se ordena al Servei de Residus del Govern balear que «colabore, asesore, controle y vigile» los trabajos de limpieza y retirada de residuos.
También se deberá proceder, por parte de esta última administración, a «dar continuidad a los muestreos necesarios a fin de delimitar el alcance de la contaminación del terreno».
Igualmente, los técnicos del Govern «deberán informar al juzgado sobre si estos residuos causan o pueden causar daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo, las aguas, animales o plantas y en general al medio ambiente».
La orden se cursa dentro del procedimiento penal iniciado por el juzgado con el fin de determinar si las cinco personas detenidas en el curso de una operación realizada por agentes del Seprona son culpables o no de la comisión de un delito contra el medio ambiente. El Ayuntamiento ya ha recibido el auto y los servicios jurídicos municipales están estudiando con el fin de que, una vez realizada por parte de Emaya la limpieza subsidiaria ordenada por el juzgado, se pueda remitir sin problemas la factura de los gastos a los responsables de la contaminación.
Desde Emaya se indica que en una primera estimación la limpieza puede tener un coste que ronda el millón de euros.
