Un grupo de controladores de la ORA, cuyo servicio se municipalizó hace dos años y ahora depende de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) ha denunciado la "situación precaria" en la que se encuentran y que están trabajando "bajo presión" provocada por los mandos intermedios e inspectores, que siguen las órdenes del responsable del servicio.
Explican que hace más de dos años que el teniente de alcalde de Movilidad y presidente de la SMAP, Francesc Dalmau, y el gerente de la empresa municipal, Pedro Manera, que "se comprometieron a que las cosas iban a cambiar", algo que ha resultado completamente falso puesto que se han seguido presentando denuncias tanto ante el área de Movilidad de Cort como ante las oficinas del Tamib.
Entre las razones de este malestar citan el hecho de que hay controladores y controladoras que "están siendo sancionados con faltas leves o graves con denuncias falsas o manipuladas", algo que también ha sido denunciado. Estos operarios se quejan de que el comité de empresa "no hace nada absolutamente y siempre va a favor de la SMAP, ante nuestra desesperación e injusticia".
En una de las denuncias presentadas a título individual el pasado 5 de octubre ante la misma empresa por una operaria de la SMAP se acompaña un dossier de 41 páginas relacionadas con la situación personal de esta trabajadora y se añaden hasta ocho reivindicaciones laborales bajo la denominación de "derechos silenciados", que se pretenden corregir. Entre ellos se citan la desconexión digital, el tratamiento de las agresiones externas, la situación de los baños, vestuarios y taquillas, el déficit de seguridad con el uso impropio de recursos personales, la discriminación a que somete Cort a los trabajadores de la ORA y el derecho a la integridad física. En este último punto se señala que los controladores están expuestos a la peligrosidad de lo carriles bici, entre otras cuestiones.
Por su parte, el grupo municipal del PP en Cort ha solicitado "la inmediata readmisión" de un trabajador de la SMAP cuyo despido, producido en 2019, ha sido declarado improcedente por la justicia. Desde este grupo municipal acusan al gobierno del alcalde José Hila, de "despilfarrar el dinero público", y han denunciado que "la persecución de empleados emprendida por la izquierda sale muy cara a los ciudadanos de Palma". En este caso concreto la justicia obliga a indemnizar al trabajador despedido de forma improcedente a ser indemnización con 58.000 euros o a su readmisión, abonándole una suma inferior en concepto de salarios de tramitación desde julio de 2019.
