La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción económica impuesta a la sociedad estatal Correos, por su decisión de dejar de repartir cartas a domicilio en la urbanización de Bellavista, en Palma. Se trata de una multa de 60.000 euros que impuso el regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La sanción se justificó por el incumplimiento de la ley del servicio postal universal, así como de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
El conflicto por el reparto de cartas en esta urbanización próxima a la costa viene de lejos. Es una zona de viviendas que no cuenta con todas las dotaciones de servicios municipales y padece graves deficiencias en las calles, ya que muchas de ellas no están ni siquiera asfaltadas.
Correos venía prestando servicio a esta urbanización, repartiendo cartas a domicilio. Sin embargo, los trabajadores de reparto denunciaron el peligro que estaban corriendo al circular en moto por estas calles, ya que muchas de ellas carecían de asfalto. Eran tramos repletos de vegetación, con piedras sueltas y con muchos baches. Los repartidores comunicaron esta situación a la empresa, que ordenó que se analizara la situación. El informe definitivo concluía que era desaconsejable conducir por esta zona en moto, al menos hasta que repararan las deficiencias.
Para que los vecinos no dejaran de recibir las cartas, se propuso una solución. Se instalaría un casillero en la calle, donde los residentes podrían recoger sus cartas. Sin embargo, esta solución no fue aceptada.
Correos decidió sustituir el reparto a domicilio por la entrega de la correspondencia en la oficina postal de la Platja de Palma. Esta decisión de la empresa estatal fue denunciada por los vecinos, que acudieron al regulador, que es la Comisión del Mercado de la Competencia. Antes de la propuesta de sanción se inició una investigación. El instructor visitó la zona y confirmó que, en efecto, la entrega a domicilio de las cartas representaba un peligro para los repartidores, dado que las calles no estaban en condiciones para circular en moto. El instructor apoyó la decisión de Correos. Sin embargo, los funcionarios que resolvieron el expediente se apartaron del criterio del instructor y entendieron que la decisión de la empresa estatal era ilegal. Por ello, además de proponer que el reparto a domicilio se realizara en coche y no en moto, decidió imponer una sanción económica de 60.000 euros.
El tribunal de la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso que planteó Correos contra esta sanción económica. Los jueces reprochan que la empresa estatal decidiera paralizar el reparto a domicilio, acordando que todas las cartas se recogieran en la oficina postal, sin haber comunicado previamente esta decisión al regulador. Es decir, no esperaron a que la Comisión de la Competencia aprobara esta decisión, como consecuencia del mal estado de las calles de la urbanización de Bellavista.
El tribunal ha interpretado que esta decisión de Correos suponía una discriminación para los residentes de esta urbanización. Y cuestiona que la empresa estatal se niegue a realizar un reparto en furgoneta, en vez de hacerlo en motocicleta, porque este cambio de vehículos representa un aumento del coste económico del servicio que se presta en esta urbanización de Palma.
Reparto de paquetes en furgoneta en la zona conflictiva
La empresa estatal esperaba la comprensión de los tribunales, para que entendiera las razones por las que se decidió anular el servicio de reparto en moto de las cartas en Bellavista. Sin embargo, los jueces apoyan más al regulador que a Correos, hasta el extremo de que se considera que la empresa de reparto está discriminando a los vecinos de Bellavista al eliminar este servicio. No llegan a entender los jueces que Correos se niegue a entregar estas cartas para que los trabajadores no circulen en moto en estas calles en mal estado, pero en cambio sí se realiza un reparto de paquetes, que se trasladan en una furgoneta.
Con esta decisión de interrumpir el reparto de cartas en los domicilios, se produjo una infracción de la ley que protege el derecho de los ciudadanos a recibir el correo. El tribunal también ha valorado la cuantía de la sanción impuesta y en ningún caso se considera desproporcionada, como alegó la empresa estatal, dado que la multa podría haber sido incluso mucho mayor.
