La ejecución del centro comercial y de ocio proyectado por la empresa Unibail Rodamco en ses Fontanelles es cuestión de tiempo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que obliga al Govern balear a conceder en el plazo de dos meses la autorización autonómica de gran superficie comercial, supone también que los promotores, tarde o temprano, podrán ejecutar el proyecto que tenían previsto en 2015, consistente en la construcción de un gran centro de 72.500 metros cuadrados de superficie comercial, en un solar con más de 200.000 metros cuadrados destinados a espacio libre público.
Las limitaciones incluidas en el Plan Director Comercial de Equipamientos Comerciales que tramita el Consell de Mallorca que, como máximo, permitiría un centro comercial de 2.500 metros cuadrados en lugar de los 72.500 pretendidos por los promotores, no sería de aplicación en este caso, ya que la sentencia conocida el martes reconoce el derecho de Unibail Rodamco a disponer de la autorización autonómica de gran establecimiento comercial "en los mismos términos solicitados" en 2015.
Lo anterior incluye, según los promotores, no solo que les reconozcan la posibilidad de ejecutar las obras de edificación de forma simultánea a las de urbanización con la condición de que la dotación de servicios debe estar finalizada antes de que se proceda a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, sino que también les permiten ejecutar el proyecto previsto en 2015.
El Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior, hecho que, según los promotores, no va a suponer un cambio sustancial en relación al último pronunciamiento judicial, aunque admiten que puede suponer un retraso en relación a la ejecución de las obras de edificación.
En relación a la extinción de la licencia de construcción aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Palma la semana pasada por no haber presentado el proyecto definitivo en plazo, los promotores han anunciado que van a recurrirla. En el caso de que se dé la razón al Ayuntamiento y que la licencia esté definitivamente caducada, no supone que el centro comercial no se pueda construir, puesto que, en última instancia, se podrá presentar nuevamente el proyecto, con o sin modificaciones, para la obtención de la correspondiente licencia municipal. En este caso las únicas limitaciones serían las establecidas en los parámetros urbanísticos del Plan General de la ciudad y las del Plan Parcial de la zona.
Depósito de 12,8 millones
Al respecto, los promotores recuerdan que la ejecución de las obras de urbanización está plenamente garantizada puesto que en su momento se depositó en Cort un aval de 12,8 millones que garantiza la finalización de estos trabajos de dotación de servicios, construcción de calles y colocación del alumbrado público y las redes de agua potable y residual.
Pese a que la lucha judicial va a continuar, y que los promotores no descartan la reclamación de cantidades por los daños y perjuicios causados por los retrasos, cuyas indemnizaciones podrían alcanzar los 100 millones, quieren mantener una posición de "diálogo permanente con los colectivos locales y entidades del entorno más representativos, con el objetivo de integrar en nuestro proyecto los diversos intereses y preocupaciones que nos trasladen", según se destaca en un comunicado.
Los promotores reiteraron a las autoridades su "total disposición" para "establecer un proceso de diálogo que permita desarrollar el mejor proyecto posible en el corto plazo".
Asimismo, tras la sentencia del martes, reiteraron su voluntad de "seguir adelante con el proyecto, seguros de su solvencia técnica y jurídica y de los beneficios sociales que esta inversión reportará".
