Quien suscribe trata de tomar cierta distancia ante los titulares que surgen, especialmente si estamos tan próximos a unas elecciones locales. Pero el asunto de las multas sin notificar parece que tiene unas implicaciones que van más allá de una mera negligencia.
Algunos datos, para empezar: 228.718 expedientes sin notificación, 22 millones de euros recaudados en el ayuntamiento de Palma por las multas mal notificadas, según la plataforma ciudadana creada a tal efecto, nóminas embargadas por cantidades que, por lo bajo, rondan los 300€, pero aumentan hasta cantidades mucho más considerables.
El caso más común, según se lee, es el sobrepasar el límite de velocidad en una zona concreta de Palma. Si la carta que notificase esa infracción hubiera llegado a la dirección correcta en tiempo y forma (ya hemos visto fotografías de dónde fueron a parar miles de esas notificaciones: directamente a la basura), la cuantía de la multa hubiera sido, por lo general, de 100 euros, que, acogiéndose a la modalidad de pago anticipado, se hubiera quedado en 50€. En cambio, dado que esa comunicación jamás llegó, ahora el Ayuntamiento de Palma informa al titular del vehículo de que ha de abonar 300 euros, sin posibilidad de pronto pago y reducción, no por la infracción de haber superado el límite de velocidad, sino porque no ha identificado al conductor.
Mientras, el actual consistorio, cual avestruz, esconde la cabeza, no en la tierra sino, probablemente, en el socavón de las Avenidas, consistorio responsable de la adjudicación a la empresa encargada de repartir (sic) las notificaciones de las multas.
Bienvenidos a la responsabilidad política y a la administración electrónica de Palma.
