La Diada per la Llengua se celebra hoy con la llamada a una movilización masiva en defensa del catalán en Baleares. Los convocantes, la Obra Cultural Balear secundada por ochenta organizaciones sociales de las islas, denuncian los ataques a la lengua propia sufridos en este escaso primer año de gobierno conservador, sustentado en el pacto PP-Vox. La ofensiva de la extrema derecha se ha agudizado estos días en el marco de las elecciones de Cataluña, donde los de Santiago Abascal presumen de los cambios logrados por su presión a los gobiernos balear y valenciano. El «bilingüismo cordial», con el que el Govern de Marga Prohens pretende esquivar el fantasma del TIL de José Ramón Bauzà y las cien mil camisetas verdes, se ha traducido en la eliminación del requisito de catalán en la sanidad, que podría ampliarse al acceso a la Función Pública, y en la implantación de la segregación de los alumnos por lenguas en los centros que voluntariamente lo acepten el próximo curso. Se recortan ayudas directas a organizaciones que promueven el catalán y municipios como Calvià castellanizan topónimos. Los populares combinan el despliegue de convicciones propias, con cesiones a una ultraderecha insaciable en su anticatalanismo y con la fijación de algunas líneas rojas frente algunas de las barbaridades de sus socios. La última, cambiar el Estatut d’Autonomia para sustituir el catalán por las lenguas baleares. «Tenemos una lengua propia como es el catalán y no nos moveremos de esa postura», aclaró el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras ante el debate que esta semana llevará al Parlament la presidenta Vox, Patricia de las Heras. La ultraderecha, que en el pacto de los 110 puntos reconoce el catalán como lengua de Baleares, aunque sea para combatirla, busca una nueva vuelta de tuerca que disimule ante su electorado su catastrófica situación interna, rota y descompuesta, sin importarle el estropicio.

Felipe VI se ha sumado al esperpento. El rey de España, alejado de su teórica posición arbitral y de todo rigor científico, ha otorgado el reconocimiento de ‘real’ a la autodenominada Acadèmi de la Llengo Baléà, que convierte las modalidades lingüísticas de las islas en lenguas distintas al catalán, contraviniendo el Estatut d’Autonomia. La decisión de la Casa Real adquiere mayor gravedad cuando reconoce que no fue un error, sino que responde a una decisión «meditada» tras consultar a instituciones y asesores que no desvela. En ese listado no estaban ni el Govern ni la UIB, institución consultiva en materia de catalán de acuerdo con Estatut. Zarzuela debe aclarar con quién se asesoró y sobre todo, rectificar de una decisión que le coloca en el terraplanismo lingüístico, fuera de toda normativa política y científica. Y eso después de toda una vida veraneando en Marivent. El PP ha dejado claro que discrepa, pero respeta la decisión del monarca, igual que hace con sus socios, a los que no puede «tapar la boca», o con la movilización por el catalán convocada para hoy. Un equilibrio difícil de sostener.