En principio uno debe pensar que la iniciativa de promulgar leyes responde, bien a consolidar costumbres, lo que siempre es una garantía para la perdurabilidad de aquéllas, sea para dar solución a problemas candentes de la ciudadanía. Esa iniciativa tiene posibilidades de éxito en la medida en que sea fruto de un correcto análisis de la realidad. Partir de la misma es requisito ineludible para alternativas viables en una democracia liberal. Viene este exordio a cuenta de la ley de vivienda aprobada a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez. De la necesidad de abordar mediante ley habla por sí misma la precaria situación del acceso a la vivienda. Por una parte, el precio de los alquileres, por otra, el déficit del parque actual. Según el BdE, faltan 600.000 viviendas. Sólo existen 400.000 vacías en las zonas de mayor demanda. Se propone la liberación de suelo y medidas fiscales, como bajar el IVA de la compraventa, el impuesto de transmisiones patrimoniales y subir el IBI. La ley aprobada contempla medidas para afrontar el precio de los alquileres, limitándolos en zonas tensadas. Es una forma parecida a la de la dictadura de Franco, haciendo recaer en los propietarios el coste de esa necesidad social. Una equivocación grave. Intervenir el mercado de la vivienda limitando los alquileres provoca una contracción de la oferta. Es lo que ha pasado en Cataluña topando los precios; su administración ya ha reconocido su fracaso. Si a eso se le suma la inseguridad jurídica debido al fenómeno irresuelto de la ocupación, sea por inquilinos que dejan de abonar el alquiler, sea por la de viviendas vacías, la oferta se reduce aún más y los precios se disparan.
La única forma de arbitrar soluciones acordes con la atención constitucional al derecho a la vivienda tiene que ver con la construcción de vivienda pública para alquiler social y dejar al funcionamiento del mercado los alquileres de la vivienda libre. El presidente del Gobierno prometió hace un año 120.000 viviendas. ¿Alguien ha sabido algo de esa promesa? Tal parece que el Gobierno ha renunciado a dar otra solución al constatarse el fracaso de la ley de la vivienda que impulsó. Para escaquearse de sus responsabilidades, de acción y de omisión, se disfraza de víctima de los malvados propietarios, los culpables de que jóvenes y menesterosos tengan vedado el acceso a la vivienda. La pizpireta ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez, así lo ha expresado. En una insólita comparecencia pública ha realizado un insólito llamamiento a los propietarios de viviendas para que bajen los alquileres: «Los necesitamos». Un gobierno de necesitados, de víctimas, en lugar de reconocer sus errores y corregir sus leyes, como tuvieron que hacer, a rastras, con la del sólo sí es sí, lo que sería una muestra de aceptación de la realidad, pretenden convertir a los propietarios en maléficos victimarios de la precaria ciudadanía, del progresista Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Puede que den pábulo con esa teatralización al resentimiento ideológico, pero no supone otra cosa que la constatación de una absoluta impotencia. Es un Gobierno en guerra contra la realidad.
El miércoles, ante la noticia de que un juzgado de Madrid había abierto diligencias a Begoña Gómez, la mujer del césar, por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, el césar, a la pregunta de Rufián de si cree en la justicia, respondió con semblante grave: «A pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país». La denuncia, de Manos limpias, fue denostada inmediatamente por los pretorianos de guardia, Patxi López «tremendo, estamos en un país donde hay que demostrar la inocencia», Bolaños «se acusa sin pruebas para hacer daño, difamar y ensuciar», M.J. Montero «son el peor PP de la historia, no vamos a consentir que estas prácticas trumpistas socaven la democracia», el siempre currutaco Albares, esta vez sin el uniforme de diplomático que tan bien le sienta «se ha traspasado una línea roja». No repetiremos las pruebas presentadas por El Confidencial sobre las andanzas de Gómez en torno a Globalia, su patrocinio del IE África Center, su rescate por más de 1000 millones y las cartas de recomendación para la UTE de Víctor Aldama para el concurso de Red.es, ya conocidas por los lectores y en ningún momento de la nota de rectificación y amenazas de la zarina rectificadas. Del estado de crispación del Gobierno y el PSOE a raíz de haberse conocido las andanzas, digamos empresariales, de Gómez son prueba evidente los aspavientos verbales de edecanes y edecanas. Aunque la más rumbosa es siempre la dicharachera Montero. Ahí es nada que la educada intervención de Feijóo, cuyo partido no tiene nada que ver con la denuncia ante los juzgados, en demanda de explicaciones, sea calificada como socavación de la democracia. Al final, la condición de democracia en España será inseparable de que sea Sánchez el que presida su Gobierno. Criticar a Sánchez es socavar la democracia. Mayor confesión de autocracia no la hay.
Pero la locución adverbial con la que Sánchez responde, ese «a pesar de todo», significa que cree tener motivos sobrados, no para creer en la justicia, sino para temer sus actuaciones. ¿Cómo si no habría apoyado la formación de comisiones de investigación en el Congreso a los jueces por lawfare (acción judicial por motivos políticos), exigidas por la portavoz del delincuente prófugo Puigdemont, Miriam Nogueras, la que acusaba de prevaricadores a jueces por su nombre y apellidos? Ese «a pesar de todo» es la disfrazada insinuación de que sí, tiene muchos motivos para no creer en la justicia, para sospechar de las intenciones ocultas de los jueces. Los jueces que puedan iniciar procedimientos contra él no son jueces verdaderos, son «la derecha judicial», como así los llama. Reclama, sin decirlo, la impunidad, la condición de víctima, el cierre de filas en torno a su liderazgo. Lo hace sin las risotadas de la investidura, ofreciendo los estigmas de su sufrimiento, con los que, ofendido, abandona el Congreso de los Diputados. Por la tarde comunica mediante una epístola a la ciudadanía que se retira durante cinco días al rincón de pensar para reflexionar sobre su posible renuncia. Quiere retornar en olor de multitudes y, como san Jorge, alancear al dragón de la derecha y la ultraderecha. Un desafío narcisista contra los jueces, los medios de comunicación críticos y la oposición política. Un desafío narcisista a la democracia.
